Nueva orden de cierre de las más importantes emisoras privadas de televisión en Italia

Los jueces de Turín y del Lazio han ordenado otra vez el cierre de los canales de televisión privados más importantes de Italia, que estaban emitiendo ilegalmente a nivel nacional, y desde ayer todo el imperio televisivo de Silvio Berlusconi -Canal 5, Italia 1 y Red 4- se ha vuelto a quedar a oscuras. La magistratura ha tomado tal decisión después del voto negativo dado por el Parlamento al decreto ley presentado por el Gobierno a favor de las emisoras privadas de televisión.

El asunto es grave porque se trata de una gran empresa, con miles de trabajadores y con un volumen de publicidad de miles de millones de pesetas, que se esfuman cada día que a dichas emisoras se les impide transmitir.Para resolver de nuevo el problema se reunió ayer el Consejo de Ministros, y el jefe del Gobierno, Bettino Craxi, mantuvo una entrevista con el jefe del Estado, Sandro Pertini. En la ocasión anterior, hace tres meses, la respuesta del Gobierno a los jueces -que habían cerrado la televisión privada porque las emisoras locales emitían cada una y simultáneamente el mismo programa (convirtiéndose así en una red nacional)- fue fulminante, con la promulgación en cinco días de un decreto que autorizaba a las emisoras a difundir sus espacios. Esta vez podría ser todo mucho más lento.

Lógicamente, el Gobierno no puede volver a proponer el mismo decreto que ha sido ya considerado inconstitucional por el Parlamento. Una nueva sentencia del Tribunal Supremo acaba de confirmar la decisión de los jueces de Turín y de Roma de cerrar las televisiones de Berlusconi hasta que el Parlamento no reglamente completamente toda la legislación nueva sobre la función de la RAI-TV y la radio-televisión pública, que constitucionalmente mantiene aún el monopolio de las transmisiones a nivel nacional.

Se trata en realidad de colmar un vacío legislativo que se ha mantenido durante casi ocho años, con daños para la RAI-TV y al mismo tiempo con riesgos no pequeños para los empresarios privados que, como Berlusconi, se han jugado el tipo arriesgando miles de millones en inversiones, confiados sólo en la promesa de apoyo de algunos políticos influyentes. Hasta que todo ha explotado con la intervención inesperada de la magistratura, la cual posee poderes muy grandes en este país, ya que basta un solo juez para dilucidar a nivel nacional sobre cualquier problema.

Ahora la única solución es que las fuerzas políticas, con urgencia, buena voluntad y sin obstruccionismos, decidan llegar lo antes posible a la aprobación de una nueva ley que deje todo bien claro.