Confirmado el procesamiento de seis industriales en el sumario de la colza

La Audiencia Nacional confirmó ayer el procesamiento de seis industriales y químicos del aceite y revocó el de un séptimo empresario en el sumario que se instruye como consecuencia del envenenamiento masivo por ingestión de aceite de colza desnaturalizado. El fiscal había pedido la revocación de los procesamientos de los últimos 10 acusados en el sumario, pero la Audiencia sólo ha admitido el recurso de Juan Rubio Navarro, porque, después de revisar su intervención en el caso, el tribunal ha llegado a la conclusión de que "el inicial provisorio juicio de sospecha ha quedado desvanecido".

Los industriales del aceite y químicos a los que se ha confirmado el procesamiento por delito contra la salud pública y estafa son: Juan Moreno Anaya, Manuel Franco Pellicer, Ramón Surra Ochoa, Antonio Gallego Jurado, Manuel Guillén Enríquez y Pedro Sans Xifre. La Audiencia Nacional no ha resuelto todavía los recursos de Francisco Tárrega Ribes, Vicente Villalba Prats, Fernando Bau Carpí y Andrés Eloy Muro Benayas sobre sus procesamientos.Los 11 industriales y químicos citados fueron procesados el 10 de julio de 1984 por el juez instructor Alfonso Barcala, que reprodujo literalmente una resolución dictada el 12 de abril por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en la que se le ordenaba que procesara a los industriales.

En aquella resolución el tribunal señalaba que de las investigaciones efectuadas se desprende que "en el círculo de irregulares actividades comerciales e industriales sobre las grasas, instrumentadas para obtener unas anormales ganancias mediante el engaño a los consumidores menos dotados económicamente, desencadenantes de toxicidad en aceites llegados al público con graves riesgos y actuados daños contra la vida y la salud de las personas (...), se hallan insertas las conductas" de los citados.

La nueva resolución de la Audiencia precisa que Juan Moreno Anaya es socio de Industrias Trianeras de Hidrogenación (ITH), de Sevilla, y que fue gerente de la entidad desde 1978 hasta febrero de 1981, prestando servicios como químico al mismo tiempo, lo que le hacía responsable del control de análisis de los procesos de tratamiento y refinación de todas las partidas de aceite que recibían, algunas de las cuales pertenecían a Raelca, "cuya toxicidad para la salud es algo mucho más que la pura especulación".

Turbias actividades

Respecto a Manuel Franco, el tribunal explica que "hay fundadas razones para suponer que no se limitaba a mediar en el tráfico de aceites, sino que también operaba directamente con dichos productos, como lo avala que tenía preparados para la venta 24.762 kilos de mezcla de aceite de colza y grasa animal que contenía un camión cisterna que Lípidos Ibéricos le había entregado para saldar una deuda y que la policía encontró en Zaragoza en julio de 1981, siendo obvio que nadie recibe en pago de una deuda una mercancía sin cerciorarse previamente de su cantidad y calidad".

Ramón Surra, como socio y gerente de Comintex, además de agente comercial, intervino en el suministro de 40.348 kilos de aceite no apto para el consumo que en mayo de 1981 hizo Enrique Salomó a la sociedad Girasol Refinado (Giresa). Surra participó, siempre según el auto dictado ayer, "en las maniobras de cegar la realidad de aquella partida y ser conocedor de las turbias actividades sobre aceites por parte de Salomó, con quien Surra mantenía relaciones desde hacía 20 años.

Antonio Gallego ocupaba el cargo de gerente de Giresa, empresa que trató una partida de 700.000 kilos de aceite, de los cuales 24.210 fueron remitidos en un camión a la factoría Ipeasa de Sevilla, desde donde se reenviaron a Oleícola Toledana, en Cebolla, para ofrecerse finalmente al consumo público "y de cuya ingestión se derivaron las fatales consecuencias para la salud de los consumidores".

Manuel Guillén participó en la venta de la cisterna de 24.210 kilos que previamente había encargado refinar a Giresa. Pedro Sans Xifre, gerente de Codosa, mantenía conexiones con ITH, donde bajo su intervención se realizaban procesos de manipulación, tratamiento y refinado de grasas y aceites, algunos de los cuales resultaron ser tóxicos.

Respecto a Juan Rubio, gerente de Aceites Toledo, del que se dijo que vendió aceites adulterados, probablemente determinantes del envenenamiento, la Audiencia considera que la sospecha ha quedado desvanecida y se le ha levantado el procesamiento. El hilo conductor de la anticipada culpabilidad fue el aceite marca Dintel, de Aceites Toledo, pero los análisis practicados sobre sus muestras, las declaraciones de los afectados y las certificaciones de instituciones relacionadas con el producto "toleran descartar que aquél esté integrado en el círculo de los aceites tóxicos".