La Audiencia Nacional condiciona la extradición a Bélgica de un presunto miembro de los GAL

La Audiencia Nacional ha accedido a la extradición a Bélgica del presunto miembro de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) Ludwig Dionys, también conocido como Etienne Felicien Debye, aunque ha condicionado su entrega a que Dionys, que está condenado en rebeldía en Bélgica a ocho años de prisión, sea juzgado de nuevo con todas las garantías procesales necesarias para su defensa. Sin embargo, antes de ser entregado, Dionys deberá ser juzgado en Málaga por tenencia ilícita de amas.

Dionys, de 46 años, nacido en Liehtaart (Bélgica), fue detenido en Málaga el 21 de mayo de este año. La policía encontró en el domicilio donde vivía un archivo sobre ETA que ocupaba una habitación entera, con abundante información sobre etarras en el sur de Francia y diversos planos operativos. A raíz de este hallazgo fue relacionado con los GAL, aunque la policía puntualizó que podría ser una pantalla de la organización, pero nunca uno de sus hombres fuertes. En el momento de la detención se le intervino una pistola marca FN y fueron localizados varios pisos en la Costa del Sol.Dionys, en el juicio, negó su pertenencia a la citada organización terrorista y afirmó que trabajaba para el servicio de información de la Guardia Civil. Reconoció ser traficante de armas y añadió que en un tiempo ETA quiso comprarle material, pero que no se lo vendió porque encargaban pocas y pagaban mal.

Dijo que su padre era nazi, miembro de las SS alemanas en Bélgica, y que se vino a España porque los judíos controlan el comercio en Bélgica.

Añadió que estaba amenazado por ETA y que por eso envió a su mujer y a su hijo a Estados Unidos.

Se opuso a la extradición por considerar falsas las imputaciones que se le hacen y señaló que se trata de una persecución por motivaciones políticas y que su vuelta a Bélgica pondría en peligro su seguridad personal.

Sentenciado en rebeldía

Bélgica lo reclama por varios hechos delictivos, por alguno de los cuales ya ha sido sentenciado en rebeldía, situación jurídica que no está estipulada en las leyes españolas y es contraria a la Constitución, como hace constar la Audiencia Nacional.Entre los delitos por los que está reclamado figuran el intento de venta, en octubre de 1980, de 25 kilos de sulfato de anfetaminas a unos alemanes, lo que constituye delito de tráfico de estupefacientes; el ocultar en un lugar de Holanda 800 cajas de cigarrillos MarIboro, con 10.000 unidades cada caja, que fueron robadas de un remolque de la empresa CyIsen en Amberes (Bélgica), que supone robo con fuerza en las cosas; la puesta en circulación en Bélgica de "sellos de vacaciones y premios" del fondo de construcción de Amsterdam, que estaban falsificados y obtenidos a través de actos ilícitos y por un valor de 16 millones de florines (unos 800 millones de pesetas).

La Audiencia Nacional, en su resolución, afirma que la documentación enviada por las autoridades belgas es defectuosa, ya que contraviene el tratado bilateral de extradición, "al no haberse acompañado las sentencias íntegras de condena". Sin embargo, accede a la extradición porque las infracciones penales por las que Dionys está reclamado están incluidas en el convenio bilateral de extradición, no han prescrito, y los delitos no tienen carácter o motivación política. La Audiencia señala además que la entrega incondicional de un individuo juzgado y condenado en rebeldía vulneraría la normativa constitucional española ( ... ), en cuanto se refiere a las garantías jurídicas del individuo frente a una posible indefensión". Por tanto, a juicio del tribunal, la entrega del reclamado debe condicionarse a que Bélgica "adquiera el compromiso de someterlo a nuevo juicio, con todas las garantías procesales necesarias para su defensa, por los supuestos hechos delictivos objeto de su reclamación, para lo cual se concede un plazo prudencial que finaliza el próximo mes de enero, transcurrido el cual, de no recibirse la correspondiente obligación exigida, sería puesto en libertad".

La entrega de Dionys a las autoridades belgas será aplazada hasta que éste haya extinguido las responsabilidades penales contraídas en España.

En círculos políticos se afirmaba que la concesión condicionada de la extradición obedecía a un intercambio con las extradiciones de los etarras Joseba Mirena ArteIxe y Salvador Ormaza, que también fueron condicionadas por los belgas.