El Grupo Popular acusa al Gobierno de limitar el papel del Tribunal de Cuentas

El Grupo Popular intentó ayer sin éxito, durante el debate del proyecto de ley de Presupuestos del Estado para 1985 en el pleno del Congreso de Diputados, que el Gobierno respondiera a "gravísimas" acusaciones sobre su actitud tendente a limitar el papel del Tribunal de Cuentas, encargado del control externo del gasto público. La falta de réplica del Ejecutivo a este y otros intentos dió un carácter mecánico a las diez horas de discusión.

Los diputados conservadores Juan Ramón Calero y Rodrigo Rato no provocaron a la representación del Gobierno ni al grupo socialista con sus afirmaciones respecto al Tribunal de Cuentas, asunto que consumió, no obstante, más de una hora del pleno. Calero dijo que intentar que se apliquen los criterios de concurrencia y publicidad, recientemente recomendados por el Tribunal en las contrataciones directas del Estado, -obras o servicios hasta 50 millones de pesetas desde 1981-, es una práctica "grave para los intereses públicos y semillero de maledicencias". El socialista Rodríguez Sanjuan manifestó su extrañeza en que la denuncia de "algo tan pernicioso ahora no lo fuera con anteriores Gobiernos".Al pedir cinco millones para gastos en informática del Tribunal de Cuentas, en lugar del millón fijado en los presupuestos -el gasto controlable del Estado y sus organismos autónomos superará los 11 billones de pesetas-, Rato lanzó la "gravísima afirmación" (así la calificó él) de que el Gobierno carece de interés en que el Tribunal de Cuentas le controle, ya que ha impedido que investigue denuncias públicas de mala utilización de fondos por autonomías y sindicatos. "Se ha presionado públicamente al presidente", precisó Rato, "filtrando a la prensa sus declaraciones fiscales cuando el Tribunal investigaba en el Banco de España; se ha impedido que hubiera una nueva ley de funcionamiento y ahora se le limita materialmente en este presupuesto", agregó el diputado conservador. El socialista Del Pozo afirmó que la oposición "intenta trasladar la soberanía de esta Cámara a la del Tribunal de Cuentas" dependiente del Parlamento.

Entre un centenar de artículos debatidos, sólo prosperó parcialmente una propuesta centrista para mejorar la participación de Canarias en el reparto de la inversión pública. Las enmiendas defendidas con mayor fuerza por la oposición -orientadas a impedir que no aumenten tanto los impuestos de los ayuntamientos ni los tributos indirectos del Estado, denunciar la concentración de subvenciones en los grandes ayuntamientos gobernados por socialistas y pedir que la prevista supresión de centenar y medio de organismos autónomos se haga por leyes individuales- no movieron a tomar la palabra a ningún ministro.

El ministro de Economía y Hacienda Miguel Boyer, únicamente subió a la tribuna para contestar al diputado conservador Pedro Schwartz, quien atribuyó las enormes cargas financieras del déficit público a la presión ejercida por la oposición socialista sobre los Gobiernos de UCD y a medidas como la expropiación de Rumasa. Ante la afirmación de Schwartz de que "un Gobierno incapaz de reducir el déficit" debe dejar paso a otro "que sepa gobernar", Boyer dio datos sobre la contención de dicho desequilibrio y manifestó que "un Gobierno sin respaldo no sería capaz de estar haciendo lo que se está haciendo". Schwartz insistió en Rumasa y en que el Ejecutivo está "paralizado, dividido", contestándole el ministro que de Rumasa "no habría quedado piedra sobre piedra".