Un juez y un secretario, expedientados tras una denuncia de cobros ilegales en su juzgado

El magistrado Pedro González Poveda y el secretario de juzgado Antonio García-Galán López han sido sometidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a expediente disciplinario, todavía no resuelto, en relación con el presunto cobro ilegal a los particulares de cantidades para citar judicialmente a la otra parte. Los expedientes fueron iniciados como consecuencia de la denuncia formulada por la abogada María Cruz Castejón tras serle exigidas 2.000 pesetas por dicho concepto.

La denuncia de la abogada relataba lo ocurrido cuando fue al Juzgado de Primera Instancia número 24 de Madrid -del que ambos expedientados eran, respectivamente, titular y secretario- a interesarse por una demanda de divorcio, formulada varios meses antes. Funcionarios del mencionado juzgado le informaron que debía abonar 2.000 pesetas para la citación y emplazamiento de la otra parte, incluso tratándose, como la abogada advirtió, de un procedimiento de oficio, ya que en aquel juzgado se hacía "siempre así".Ante esta actitud, la abogada solicitó hablar con el juez, Pedro González Poveda, quien corroboró lo ya expuesto por otros funcionarios. Asimismo, a la petición de María Cruz Castejón de que se le facilitara un recibo, el titular del juzgado dijo que no había inconveniente, por lo que la letrada abonó la cantidad solicitada, contra la entrega de un recibo por dicho importe. Con posterioridad, le fueron solicitados nuevos recibos por igual importe, que también satisfizo, hasta un total de 12.000 pesetas.

La abogada consideró necesario que se erradicaran estas corruptelas. Por ello, en su escrito al CGPJ, por encima de denuncias contra personas concretas, María Cruz Castejón expresó su asombro ante estos hechos y solicitó que se adoptaran medidas oportunas para evitar que se produjeran. Incluso apuntaba soluciones como que el Ministerio de Justicia abonara los gastos originados por las salidas de los funcionarios judiciales o que se permitiera a los agentes utilizar gratis los transportes públicos.

Sin embargo, como respuesta a la denuncia, el Consejo General del Poder Judicial hizo en principio un requerimiento a la funcionaria que había pedido las primeras 2.000 pesetas. Este hecho originó un gran revuelo en el juzgado y los oficiales contestaron al órgano de gobierno de la justicia que todos cobraban y que lo pensaban seguir haciendo. Este diario recogió los hechos mencionados en un reportaje sobre las corruptelas de las oficinas judiciales publicado el 21 de octubre último. Al día siguiente, María Cruz Castejón fue citada para ratificar su denuncia.

Nombrado instructor

En este momento, la respuesta del CGPJ, aparte de una propuesta al Ministerio de Justicia para que se resuelva con carácter general el problema, se ha concretado en una resolución por la que se ordena la apertura de un expediente disciplinario al magistrado Pedro González Poveda, en la actualidad titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Madrid.Asimismo, se ha ordenado la apertura de expediente a Antonio García-Galán, que sigue como secretario en el juzgado de familia donde se produjeron los hechos denunciados.

Como instructor del expediente ha sido designado el magistrado de la Audiencia Territorial de Madrid, Alberto Leyva Rey, quien realiza la investigación oportuna para proponer a la sección disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial una decisión sobre la actuación de ambos funcionarios judiciales. La instrucción del expediente se realiza en la Sección Segunda de la Audiencia Territorial, en donde está destinado el instructor, en cuyo poder se encuentran ya los recibos.

En relación con estos hechos, varios centenares de abogados suscribieron recientemente un escrito por el que anunciaron su negativa a abonar ningún recibo en los juzgados "de los que hasta ahora se venían pasando por los oficiales y agentes de la administración de justicia", si no se encuentran aprobados por el titular del juzgado respectivo.