La reforma de la Seguridad Social será gradual y configurada por media docena de leyes

La reforma de la Seguridad Social será gradual y quedará dibujada por media docena de leyes en estudio, no por una ley de bases. Las principales medidas, al modificar el actual esquema de pensiones, fijarán períodos transitorios. Terminada la transición, la reforma, según sus autores, podrá ser refundida en un texto. Así trascendió ayer con motivo de un encuestro organizado en Madrid por Eurofórum sobre Los fondos de pensiones en España. Los ponentes del sector privado pidieron mayores incentivos fiscales ante representantes de la Administración y de varios centenares de empresas.

Por primera vez, el esquema completo de la reforma fue trazado ayer públicamente por el secretario general de la Seguridad Social, Luis García de Blas. De sus palabras se desprende que, en paralelo con la ley de bases de la sanidad nacional, una disposición regulará los servicios sociales. Asimismo, el futuro sistema de pensiones será configurado en dos niveles: el primero, estatal y generalizable a todos los ciudadanos, tendrá como marco una ley de pensiones asistenciales; el segundo, nutrido por cotizaciones obligatorias de trabajadores y empresas, merecerá otra ley especial.Al margen de los cuatro indicados proyectos, el marco financiero de estos planes -el principal elemento de coordinación de la reforma, que será discutida hasta el 22 de enero próximo por los firmantes del Acuerdo Económico y Social (AES), antes de que el Gobierno envíe los primeros textos a las Cortes- estará condicionado por el futuro impuesto sobre el valor añadido (IVA).

El complemento privado de los dos citados sistemas de pensiones, los fondos de pensiones, serán regulados también por ley. Aunque a nadie se le escapa que el desarrollo de tales fondos dependerá de los incentivos fiscales y del hueco que deje al sector privado la anunciada rebaja en buena parte de las futuras pensiones, su proyecto es el que lleva un ritmo de laboración más avanzado: hace varios meses fue sometido a consulta de los intermediarios financieros (banca, seguros e instituciones de inversión colectiva) y ahora está siendo reexaminado sobre todo en los aspectos fiscales, por el Ministerio de Economía y Hacienda.

En la primera jornada del encuentro de Euroforum, las ponencias de seis altos cargos de la Seguridad Social coincidieron en señalar que será inviable mantener el sistema con las actuales tendencias. Sus cálculos -enviados a la mesa competente del AES- indican que dentro de 10 años las diferencias entre gastos e ingresos por cotizaciones sería de tres billones de pesetas, cuatro veces superior a los 757.000 millones que aportará el Estado el próximo año. El director económico-financiero y el secretario general de la Seguridad Social, Adolfo de Miguel y Luis García de Blas, respectivamente, afirmaron que ello sería pernicioso para el déficit público y para el empleo, al que "acaba de apostar con fuerza el Gobierno mediante el AES".

Reducir gastos

Por la necesidad asumida de descargar costes salariales, la Administración descarta soluciones por el lado de los ingresos. "Cualquier aumento de aportación del Estado", dijo García de Blas, "debe destinarse a reducir las cotizaciones. El IVA permitirá crear los mecanismos adecuados". Asimismo, dijo que las posibilidades de aumentar los ingresos mediante la deseable equiparación con el régimen general de los especiales, creados en el pasado por decisiones políticas y clientelistas, resultarán limitadas.En el régimen agrario, por ejemplo, dicha equiparación apenas permitiría reducir a la mitad su déficit anual de 600.000 millones de pesetas, pues su principal problema es que la relación cotizantes-beneficiarios es todavía más estrecha que la general (5 millones de pensiones y 11 millones de cotizantes).

En cuanto a los gastos, aunque caben actuaciones en los sanitarios y los de servicios sociales, las dos terceras partes van a prestaciones económicas, donde el objetivo es crear un nivel asistencial y universal, como en lo sanitario, que tienda a ser asumido al 100% por el Estado y a garantizar unos mínimos a todos los ciudadanos. El segundo nivel, financiado por cotizaciones obligatorias de empresas y trabajadores, deberá tener como meta su carácter contributivo (pagar en función de lo cotizado), aunque inicialmente una parte habrá de ser absorbible por el primero para no garantizar agravios comparativos.

En las pensiones, el gradualismo de la reforma será combinado con la profundización en actuaciones como las seguidas hasta ahora: lucha contra el fraude (sobre todo en las pensiones de invalidez, que han crecido cada año un 10% en número, frente al 5% general), convertir la multiplicidad de pensiones en gestión unitaria a efectos de tope (ahora la suma máxima mensual es de 186.950 pesetas), evitar la concurrencia de pensiones, ampliar los períodos de cotizaciones (el que no llegue, tendrá la pensión asistencial), y, sobre todo, garantizar la actualización automática de todas las pensiones en función de la inflación prevista cada año, motivo por el cual el Gobierno espera que la reforma contará con la aceptación de los beneficiarios.

La mayor coincidencia entre los ponentes del sector privado fue el reclamar mayores incentivos fiscales.