El Colegio denuncia que la firma de dos arquitectos fue falsificada para unas casas de protección oficial

El Colegio de Arquitectos de La Rioja ha tomado el acuerdo de solicitar a la Dirección Provincial del Instituto Público de Promoción de la Vivienda (IPPV) que sea anulada la calificación definitiva de las obras realizadas en un bloque de 91 viviendas de protección oficial, construidas por la empresa Covinosa, por no contar con el visado de los colegios profesionales de arquitectos y de aparejadores. La calificación definitiva de esta obra fue concedida el pasado 14 de agosto al presentarse el día anterior una nueva solicitud, acompañada de un certificado de final de obras sin visar firmado por los arquitectos Javier Marquet y Luis María Zulaica. Estos dos arquitectos han señalado que las firmas que figuran al pie del certificado se asemejan a las suyas pero no son de su puño y letra, por lo que el Colegio de Arquitectos ha presentado además una denuncia ante los tribunales por falsificación de documento público.El pasado 7 de agosto Javier Fernández Bobadilla, en representación de Covinosa, solicitó ante la delegación del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU) que le fuera concedida la calificación definitiva del bloque 1 del conjunto residencial Nueva Ciudad, situado en el centro de Logroño, mediante la presentación de un certificado del final de las obras firmado un mes antes por todos los arquitectos y aparejadores, aunque no estaba visado por los respectivos colegios profesionales. Dos días después el MOPU solicitó que los certificados fueran visados, dando lugar a un recurso de la empresa en el que hacía constar que, al amparo de la legislación sobre viviendas de protección oficial, no era necesario el visado de los colegios profesionales.

José Antonio Fernández Bobadilla -vinculado a la empresa que edita el diario Alerta, de Santander, y La Gaceta del Norte, de Bilbao, y que es promotor de un periódico de próxima aparición en La Rioja- ha manifestado, por una parte, que sería absurdo falsificar un documento que ya tenía Covinosa, y añadió que los dos arquitectos han firmado en su despacho delante de dos técnicos de la empresa. "Si este documento del final de obra", añade, "no está firmado por ellos, no es porque nosotros lo hayamos falsificado, sino porque nos han engañado".

Respecto a la reacción del Colegio de Arquitectos, Fernández Bobadilla piensa que ha sentado un precedente a escala nacional al saltarse el corporativismo de los colegios de arquitectos, que exigen un certificado visado para poder hacer entrega de las obras a los compradores.

Presiones

Ante las informaciones sobre las dificultades financieras por las que atravesaba Covinosa, los compradores se reunieron con la empresa el pasado 11 de agosto, y acordaron presionar a la Administración para que concediera la calificación definitiva y los vecinos pudieran escriturar sus pisos, eludiendo el peligro de embargo que pesaba contra la empresa.La asociación de adquirentes de las 91 viviendas ha reconocido que presionaron a la Administración para que les fuera concedida la calificación definitiva en el mes de agosto, conociendo perfectamente el estado de las obras. "Y si un procedimiento anómalo o irregular", dicen los adquirentes, "ha hecho posible que 91 familias seamos hoy propietarias de nuestras viviendas, nos alegramos, pese a quien pese".