La pesca española y la Europa de los 'diez'

Un medio de difusión presentaba recientemente al sector pesquero español de la siguiente manera: "Los barcos españoles, después de haber esquilmado el caladero nacional, y ante el agotamiento del mismo, se ven obligados y forzados a ir a otros caladeros más lejanos a pescar ilegalmente en aguas de otros países". Este tipo de comentario, que no es la primera vez que aparece, es de un simplismo aterrador. Primero, por su total ignorancia de lo que es el sector pesquero en sí, y, en segundo lugar, porque -quizá generalizando para toda la flota el juicio sobre el comportamiento de un pesquero aislado- ofrece una imagen espantosa, completamente falsa, de nuestros propios buques pesqueros.La evolución histórica del caladero nacional se puede resumir muy brevemente. Después de la guerra civil española se produjo una carencia de proteínas animales en el país. Estas proteínas sólo se podían encontrar en la ganadería o en la pesca. Los caladeros nacionales tenían un límite de productividad y, por tanto, se hacía necesario, dado el alto consumo de pescado en España, buscar otras zonas de pesca que complementaran la producción del caladero nacional. Por ello, se desarrolló una flota de larga distancia -que no tiene nada que ver con la que faena en nuestros caladeros, ni tendrá que ver nunca-, que cuenta con una problemática propia y que en los momentos actuales, si bien con dificultades, sigue faenando en su práctica totalidad.

En consecuencia, no existe una razón causa-efecto entre la extinción del caladero nacional y la "salida a la desesperada" a otros caladeros.

Económicamente, el caladero nacional rinde actualmente una tercera parte de las 1.300.000 toneladas que pesca España; su renIdimiento, por tanto, no es nada despreciable. No se pretende decir con esto que se encuentre en óptimas condiciones, pero hay que utilizar una terminología objetiva y justa a la hora de describir su situación: que su rendimiento físico (producción de pescado por año) sea más bajo de lo que debería no significa que esté esquilmado.

Redcción del esfuerzo

La corrección de esta situación pasa por una reducción del esfuerzo pesquero; o sea, que los buques desarrollen su actividad menos tiempo, o bien que el número de barcos que faenen sea menor.

Otro punto de vista -también absurdo- es el que aparece, una y otra vez, en los medios informativos ligados a la CE E, y que se refiere al miedo a la invasión de la armada española, integrada por 17.000 barcos, Se da constantemente la impresión de que nuestros barcos estuvieran en la línea de salida, esperando la señal para iniciar la carrera del oro hacia aguas comunitarias.

Esta falsa imagen del sector está haciendo mucho daño y, francamente, se realizan pocos esfuerzos para que desaparezca.

El problema de la pesca española en aguas comunitarias se centra en el número muy limitado de barcos que tienen el derecho de acceso a aquellas aguas, regulado por ley y, concretamente, por la orden ministerial de fecha 12 de junio de 1981. Este número de buques, actualmente, es de 287, los cuales ejercen una actividad complementaria a la que desarrollan los propios buques comunitarios, no existiendo razones basadas en la conservación de los recursos que impidan que estos barcos puedan faenar en su totalidad. Las razones que establece la CEE no son válidas, y su fundamento es totalmente político, que se puede resumir en impedir la introducción de nuestra flota en aguas comunitarias, sea como sea.

En el aspecto pesquero -como en otros muchos- se piden a la CEE algunas cosas, pero también se ofrecen otras muchas. La postura negociadora española hasta la fecha, que ha sido mantenida con energía, no reivindica más que un trato no discriminatorio desde el momento del acceso, es decir, que los mecanismos restrictivos que se apliquen a España sean los que se encuentran contemplados dentro de la Política Común de Pesquerías de la propia CEE. La validez de la postura española ha sido reconocida, según se desprende del documento que la Comisión presentó al Consejo de Ministros recientemente y que fue rechazado por los países miembros. Lo que sucede es que, si la CEE adoptara unos criterios no discriminatorios, utilizando las normas que rigen para la conservación de los recursos dentro de la política común de pesquerías, beneficiaría a nuestro país, porque hemos venido manteniendo unas tesis lógicas desde el principio de la negociación, como es que no se impidió a España el acceso a recursos que ningún país explota.

Conocemos ya, más o menos, la oferta de condiciones que la CEE va a presentamos para nuestro ingreso, y que pueden resumirse de la siguiente manera:

a) Número de licencias similar al de 1984. Este régimen de licencias no se encuentra vigente para los países comunitarios, y, tal como señalaba la Comisión en su reciente documento, o se establece el régimen de licencias para todos los países o éste no podrá ser impuesto a España, ya que se estaría violando el espíritu del Tratado de Roma.

b) No se van a reconocer los derechos históricos españoles derivados del Convenio de Londres; derechos históricos que forman parte de la misma Política Común de Pesquerías y que se reconocen unos países a otros.

c) España no entrará, como miembro de pleno derecho, a discutir la Política Común de Pesquerías. Ello quiere decir que se daría la paradoja de que España -el país más fuerte de la CEE ampliada en lo que a pesca se refiere va a ser un elemento pasivo en la formulación de la política pesquera que ha de regir los destinos de todos los países comunitarios, incluido el de España.

Cabe preguntarse ahora qué es lo que ofrece España en materia de pesca a los países europeos, porque de los titulares de los periódicos parece desprenderse que España únicamente fuera a pedir y que la totalidad de nuestra flota dependiera de los caladeros comunitarios.

Esta deducción es totalmente falsa. La flota que depende de los caladeros comunitarios constituye un 10% del total. Sin embargo, el ingreso de España en la CEE no sólo va a afectar a ese 10% de la flota, sino que repercutirá en todo el sector pesquero español, ya que España tiene que conceder a la Comunidad, a cambio, las siguientes contrapartidas:

a) Apertura de los mercados nacionales a los países comunitarios, que contribuirá a un desequilibrio mayor entre importaciones y exportaciones del que se ha venido soportando en los últimos seis años.

b) Aceptar la política de ordenación de mercados existente en la CEE, que, si bien tiene aspectos interesantes para España, no deja de ser una política desarrollada para un sector pesquero muy distinto del español, y, por tanto, no contempla las particularidades de nuestro mercado.

c) Ceder a la CEE la regulación de los caladeros nacionales desde más allá de las 12 millas.

d) Las negociaciones con terceros países se dejarán en manos de la propia CEE. Este es un aspecto que el sector pesquero español contempla con enorme recelo. Las relaciones entre el sector y las distintas Administraciones pesqueras que se han sucedido han sido siempre muy cercanas; actuándose en todo momento -a pesar de que, en ocasiones, haya habido ciertas tensiones- con mucha armonía. Ello implica que las Administraciones españolas, incluida la presente, han sido capaces de desarrollar una política de acuerdos con terceros países muy superior a la que la propia Comunidad mantiene.

e) La representación de España en organismos multilaterales también será asumida por la propia CEE, conllevando los mismos inconvenientes que en el caso anterior, aunque con distintos matices.

j) España no se beneficiará de algunos acuerdos que la CEE tiene suscritos, tales como el de Groenlandia e islas Feroes, que comporta una serie de gastos a la Comunidad, los cuales es posible que España tenga que ayudar a costear, abriendo incluso nuestros mercados a los productos pesqueros groenlandeses sin que por ello obtengamos beneficio alguno.

Para minimizar todo esto parece ser que la próxima propuesta comunitaria contempla una ayuda preadhesión de 28,5 millones de ECU para la reestructuración de la flota. Ello da la impresión de que la CEE pretendiera comprar, de alguna manera, al sector pesquero español, que, ciertamente, no se vende tan barato. En este estado de cosas cabe preguntarse ¿qué tiene la pesca que no tengan otros sectores? ¿Por qué pretende la CEE violar el espíritu del Tratado de Roma, cuando se trata de la pesca y España? Si todo lo que oferta la CEE es lo que se ha resumido en líneas anteriores, España está dando mucho más de lo que la CEE oferta.