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Tribuna:El asno de Buridán

La salud del catalán

El rector de la universidad de Barcelona, Antonio María Badía Margarit (acentúo su segundo nombre y su primer apellido para mantener la forma fonética en castellano), sitúa al catalán entre las lenguas rotas -las que teniendo vigorosidad carecen de una estructura estatal que las apoye- y nos alerta sobre el doloroso riesgo de que su destino sea la desaparición. Badía Margarit, en cuya Gramática histórica catalana (1951) basé mi interés y mi preocupación iniciales hacia su vieja lengua, es quizá uno de los estudiosos a los que hay que tener más en cuenta -y tomar más en serio- en los asuntos relativos al catalán, desde su doble condición de filólogo eminente y rector de la mayor universidad existente en su ámbito idiomático. Badía puede estar equivocado, claro es, y quizá también puede estar haciendo uso del aviso de navegantes en evitación de mayores males, pero entiendo que sería prudente el aceptar su hipótesis, al menos en principio, porque, de confirmarse, sería peor el haberla dado por improbable y absurda.También yo puedo exhibir ciertas mínimas -y aun humildes- patentes para entrar en el tercio, con la venia de quien fuere y la benevolencia del lector, ya que, como catedrático de una universidad, la de Palma de Mallorca, perteneciente al área de la lengua catalana, en la modalidad que quiera señalarse desde las instancias administrativas, como escritor comprometido con la lengua castellana y como gallego de nación y vocación, puedo darme cuenta de lo que significaría la pérdida del catalán, o, lo que vendría a ser lo mismo, su mantenimiento químicamente puro y como mera herramienta de trabajo de los filólogos: una tragedia para todos nosotros los españoles, incluidos quienes, en su más absoluta cerrazón, entienden el conflicto lingüístico como una guerra. El catalán es patrimonio mío con el mismo derecho, aunque no en la misma medida que el castellano o el gallego, o, apurando un poco el argumento, el vasco misterioso y bucólico. España, para bien o para mal, incluye en su forma de ser una lengua catalana -y una gallega, y una vasca, y, obviamente, una castellana, a la que no pocos españoles llamamos español en uso legítimo de la antonomasia-, y esa España sería muy diferente, por defecto, con la desaparición de cualquiera de sus lenguas, ya que todas son espaflolas. (De pasada, y punto menos que a título anecdótico, recuerdo que en el Senado no conseguí hacerme entender cuando intenté explicar a mis compañeros que la voz español, considerada como antonomasia de la lengua común de los españoles, el castellano, es sustantivo, al paso que funciona como adjetivo cuando se aplica al catalán, al gallego o al vasco. Y así se puede decir: el castellano es el español, y el catalán es español, un idioma español, uno de los idiomas españoles, con el castellano, el gallego y el vasco).

Pero quizá las escuetas declaraciones no sean suficientes para lograr el fin propuesto, esto es, para acceder a una situación en la que el peligro denunciado no fuera posible.

El alma de un pueblo no es su lengua, sino la morfología y la estructura de su lengua, y la mayoría de las lenguas no tiene hoy, a lo que piensa Badía Margarit, sino dos alternativas: normalización o sustitución. Repárese en que las lenguas en uso ensayan, con harta frecuencia, una violentísima fricción política que parece impulsada, ¡todavía!, por la hélice de Nebrija cuando pregonaba que siempre fue la lengua la compañera del imperio. Pero esa actitud ya no funciona, aunque no pocos prefieren esconder la cabeza debajo del ala, porque sus supuestos previos han enmohecido.

Hace aún poco tiempo le expresaba a mi amigo Domingo García Sabell, en conversación recogida en algún lado, que, a mi juicio, la dialectología es disciplina que está agonizando y va camino de confundirse con el folclor, pozo sin fondo en el que ya han caído la paremiología y la dictadología, al tiempo que el estudio de los metaplasmos va siendo barrido por la estandarización que recorre el mundo, queramos o no queramos (y yo estoy entre los que no quisieran que tal aconteciese). Cuanto queda dicho lo saben, o al menos lo adivinan, los lingüistas, los gramáticos y los filósofos de la historia y de la lengua, pero lo ignoran, o al menos no lo entienden, los políticos, y esto es grave.

Lo más prudente sería, claro es, descifrar la clave del peligro actual y obrar en consecuencia. Badía Margarit identifica la desaparición de la lengua catalana con la ausencia de una estructura estatal. Será prudente esperar al ensayo que nos anuncia sobre el tema para comprender los matices de la tesis y su alcance último, aunque pienso que, al menos inicialmente, pueden ofrecerse ya algunas ideas acerca de la teoría de la rotura de la lengua por causas políticas (o impolíticas).

El argumento inverso parece impecable: al disponer de una estructura de Estado a su servicio, una lengua tan marginal como el finés, por ejemplo, puede sobrevivir en condiciones aceptables. No sirve cualquier Estado, sin embargo, ni tampoco cualquier lengua (obsérvese el caso del gaélico). La protección política sólo garantiza la lozanía de la lengua si se ejerce con propósito

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intervencionista, ya que, al fin y al cabo, a la lengua la mantiene la sociedad civil, y el Estado tan sólo puede aportar el aparato de poder en su ayuda. Ignoro si tal supuesto es suficiente, ya que lo que me preocupa es si resulta necesario o no.

Si admitimos que la existencia y la presencia del Estado es condición inexcusable para la buena salud de la lengua, debemos entender que no pocas de las lenguas del mundo están amenazadas de raíz. Y ésta no es una razón en contra de la tesis de Badía, sino un escueto e inmediato lamento pragmático. La eventualidad de un Estado catalán, otro gallego y otro vasco se me antoja un tanto inviable, pero quizás el necesario apoyo institucional no precise, para manifestarse eficaz, de unas estructuras en todo idénticas a las aludidas, ya que bien pudiera aprovecharse y nutrirse de soluciones en las que una determinada parte de los usos administrativos, culturales y políticos descansasen en otros órganos diferentes a los del Estado monolítico y centralizado. ¿Será bastante la España de, las autonomías para propiciar ese apoyo capaz de detener la innecesaria -e inconveniente- desaparición de las lenguas?

Si la respuesta es afirmativa, el toque de atención de Badía Margarit deberá entenderse de forma muy diferente a la conclusión a la que habría de llevarnos el supuesto contrario, esto es, a la duda ante la eficacia de las autonomías como poderes estatales en materia lingüística. El catalán ha sobrevivido a regímenes mucho menos proclives a su causa que el actual, evidencia que -en el supuesto de que la única amenaza fuese la política- me induce a manifestar un esperanzado y liviano optimismo. Pero me preocupa el pensar que, además de los peligros expresados por Badía Margarit, puedan existir otros derivados de la práctica política en la sociedad civil y no en el aparato del Estado, que obren en contra del catalán y, por extensión, también de las demás lenguas no comunes de España. Mucho me temo que la traslación espuria del problema político al campo del enfrentamiento entre comunidades y lenguas puede hacer más por la desaparición del catalán que cualquier otra iniciativa -incluyendo la persecución directa-, cuyos frutos podemos contemplar sin más que volver la vista al inmediato pasado. El problema del bilingüismo en los ámbitos de habla catalana, o en cualquier otro donde hubiera de producirse, tan sólo podrá resolverse con buena voluntad por parte de todos y olvidando la trampa absurda de la confrontación directa entre las lenguas, en este caso -que es el que a nosotros hoy nos importa- entre el catalán y el castellano. Nadie olvide que en una guerra de ese tipo hay muchas probabilidades de que cualquiera de las dos lenguas en liza acabe desapareciendo de algún marco: quizás el castellano o quizás el catalán. En cualquier supuesto, todos saldríamos perdiendo.

© Camilo José Cela, 1984.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 24 de noviembre de 1984