Propuesta para que el Parlamento autónomo investigue la incidencia del contrabando en la vida pública

Los dos diputados del Grupo Mixto del Parlamento gallego han presentado una proposición no de ley para crear una comisión parlamentaria de investigación con el objetivo de "esclarecer plenamente las posibles implicaciones del problema del contrabando en la vida pública gallega". Mientras tanto, el Gobierno autónomo gallego ha decidido congelar las relaciones con la Administración central, en un episodio más del conflicto abierto con el gobernador civil de Pontevedra, quien felicitó públicamente a un diputado que insinuó en el Parlamento connivencias financieras de la Xunta, gobernada por Alianza Popular, con el contrabando.

La proposición para la formación de la comisión investigadora fue presentada ante la mesa del Parlamento autónomo por los diputados Ánxel Guerreiro, del Partido Comunista de Galicia, y Camilo Nogueira, del PSG-Esquerda Galega, ambos componentes del Grupo Mixto. Según estos diputados, la comisión tendría por objeto "esclarecer plenamente las posibles implicaciones del problema del contrabando en la vida pública gallega y, así, fortalecer y prestigiar a las instituciones democráticas actuantes en Galicia".Con motivo de la polémica sobre el caso Flick, portavoces socialistas aludieron al contrabando en Galicia como uno de los asuntos susceptibles de ser tratados por la comisión que investigua la financiación de los partidos políticos para descubrir posibles implicaciones. Cargos municipales de AP, entre ellos el alcalde de Ribadumia, José Ramón Barral, han sido acusados públicamente de dirigir el contra bando de tabaco rubio en la provincia de Pontevedra sin que por el momento, estas suposiciones hayan sido probadas judicialmente.

La Xunta y el Gobierno

El acuerdo de la Xunta de suspender las relaciones que no se consideren imprescindibles para la colaboración institucional se adoptó después de analizar el Consello, presidido por Albor, el incidente provocado por una felicitación del gobernador de Pontevedra, Virginio Fuentes, mediante telegrama hecho público, al diputado comunista Ánxel Guerreiro, uno de los inspiradores ahora de la comisión de investigación. Guerreiro, en un debate en el Parlamento autónomo, iniciado por presuntas irregularidades en el Ayuntamiento de El Grove (Pontevedra), cuyo alcalde es de AP, se preguntó si la Xunta esperaba "sacar del contrabando la financiación para las elecciones autonómicas" (Ver EL PAIS de 14 de noviembre de 1984).Al conocerse el texto del telegrama, el vicepresidente, Xosé Luis Barreiro, que es también secretario general de AP en Galicia, se puso en contacto telefónico con el gobernador. El intento de diálogo se saldó con un nuevo incidente entre las dos autoridades. A los pocos segundos de iniciarse la conversación, Fuentes colgó el teléfono al escuchar de Barreiro una frase que consideró insultante.

La suspensión de relaciones de buena voluntad se mantendrá por la Xunta como mínimo hasta que se efectúe el próximo jueves, en Madrid, una entrevista entre su vicepresidente, Barreiro, y el ministro del Interior, José Barrionuevo, en la que se tratará de obtener una reparación.

Como consecuencia de la decisión del Gobierno autónomo, se suspendió el pasado viernes una reunión en la delegación general del Gobierno en Galicia, al comunicar su no asistencia dos conselleiros de la Xunta. En la reunión se iba a tratar de los planes para la recuperación marisquera de la ría del Burgo.

Este enfrentamiento, que ha adquirido unas dimensiones de conflicto institucional y político, coincide con un momento de tensos debates en el Parlamento autónomo, en el que arrecian las críticas y denuncias por presuntas irregularidades protagonizadas por miembros de la Xunta.

En una nota de la ejecutiva del Partido de los Socialistas de Galicia-PSOE, en defensa del gobernador de Pontevedra, se enumeraban como pendientes de aclaración los casos del director general de Transportes -procesado por presunta contratación de matones-, la situación en el Ayuntamiento de El Grove -sin plenos desde hace año y medio-, la compra del hotel Miño de Lugo -que ha beneficiado a un diputado provincial del Grupo Popular- y la posición de AP ante la represión del contrabando en la región.