El PSOE negociará con las minorías nacionalistas el traspaso de competencias sobre justicia a las autonomías

El Gobierno y el Grupo Parlamentario Socialista están dispuestos a negociar la ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ) con las minorías nacionalistas vasca y catalana, según altas fuentes socialistas consultadas por este periódico. La gran distancia que separa al PSOE y al grupo de Fraga en torno a la organización de la justicia, puesta de manifiesto en el reciente primer debate parlamentario sobre la ley, impedirá, de acuerdo con tales fuentes, alcanzar el consenso entre las dos fuerzas políticas mayoritarias "ni en la ponencia ni fuera de ella".

En cambio, el PSOE tiene en estudio "ofertas sustanciosas" a las comunidades autónomas en relación con el servicio público de la justicia, que podrían estimular a las minorías nacionalistas a aceptar el recorte de competencias al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).El PSOE ha optado decididamente por reducir el techo competencial del CGPJ a los límites mínimos que admite la Constitución, es decir, a las funciones de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario de los miembros del Poder Judicial. Por el momento, ha abandonado la hipótesis de mantener o aumentar las atribuciones del órgano de gobierno de la justicia, cambiando drásticamente la composición del Consejo, mediante la elección parlamentaria de sus 20 vocales (actualmente, las Cortes sólo eligen ocho y los 12 restantes son elegidos por los miembros de la carrera judicial). Para una operación así, el PSOE habría necesitado el acuerdo del Grupo Popular.

En cambio, para regular el funcionamiento de la justicia y el órgano de gobierno del Poder Judicial, la mayoría socialista se encuentra dispuesta a prescindir del acuerdo con los hombres de Fraga, que reproducen a nivel parlamentario los planteamientos conservadores y corporativistas del sector mayoritario de la judicatura. Pero el PSOE tampoco quiere quedarse completamente solo en la regulación de un tema de Estado. La estrategia parlamentaria socialista de la discusión de la LOPJ pasa por un acuerdo con las minorías, especialmente con el PNV y la Minoría Catalana, nucleado en torno a la posibilidad de que el Gobierno central y los Gobiernos autónomos compartan una serie de competencias que el proyecto de LOPJ niega al CGPJ.

Hacia un solo ministerio

En el seno del PSOE no existe unanimidad sobre esta estrategia, que podría conducir, según unos, al riesgo de vaciar de contenido las principales competencias actuales del Ministerio de Justicia en favor de las comunidades autónomas, y que, según otros, daría paso a las ventajas de formar un único Ministerio de Justicia e Interior que reuniera las competencias que le quedasen al Gobierno central en estas materias.Este departamento único permitiría la integración en una sola política de las cuestiones relativas a la libertad y a la seguridad, a los derechos humanos y al orden público. Para algunos, el proceso autonómico es inexorable en este sentido y las comunidades autónomas que en virtud de sus respectivos estatutos todavía no reclaman las competencias sobre el servicio público de la justicia lo harán cuando, a los cinco años desde su vigencia, las amplíen, de acuerdo con lo previsto en el artículo 148.2 de la Constitución. Otros prefieren no adelantar acontecimientos todavía.

El hecho es que estatutos de autonomía como los de Cataluña y el País Vasco son claros al recabar para sus respectivas comunidades autónomas el ejercicio, en su territorio, de las facultades que las leyes orgánicas del Poder Judicial y del CGPJ reconozcan, reserven o atribuyan al Gobierno. Desde esta perspectiva, y con un planteamiento de futuro, el PSOE se encuentra dispuesto a negociar la transferencia de competencias desde el Gobierno central a los autonómicos, si bien en algunos sectores socialistas no se sabe de quién desconfiar más en relación con el ejercicio de las atribuciones sobre el servicio público de la justicia: si del CGPJ o de las comunidades autónomas.

Fuentes gubernamentales estiman discutibles desde el punto de vista constitucional tales atribuciones estatutarias. El artículo 1491 de la Constitución establece la competencia exclusiva del Estado sobre la Administración de justicia, si bien el 150.2 define la posibilidad de transferir o delegar en las comunidades autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. En el fondo, se trata de una cuestión de voluntad política, y en esta materia la socialista ha sido variable.

Traspaso de gestión

El inicial anteproyecto elaborado por Justicia no contemplaba ni siquiera la posibilidad de transferir tales competencias a las comunidades autónomas. El artículo 123 establecía que "corresponde al Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, proveer a los juzgados y tribunales de los medios precisos para el desarrollo de su función con independencia y eficacia". Un borrador posterior preveía que estas competencias atribuidas al Gobierno "podrán transferirse a las comunidades autónomas". En cambio, el proyecto de LOPJ definitivamente remitido por el Gobierno al Parlamento rebaja dicha posible transferencia a la mera "gestión" por las comunidades autónomas de los recursos presupuestarios correspondientes a competencias gubernamentales.Los socialistas valoran como una "medida de buena voluntad" que su grupo no haya presentado enmiendas al proyecto de LOPJ en esta materia, a fin de "dejar abierto el tema autonómico a la negociación, a la vista de las enmiendas de los grupos nacionalistas". El planteamiento del PNV es que la provisión de los medios precisos a la Administración de justicia "corresponde al Gobierno o, en su caso, a los consejos de gobierno que tengan atribuida competencia de las comunidades autónomas". La Minoría Catalana, de modo similar, propone que "corresponde al Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, o en su caso a las comunidades autónomas, proveer a los juzgados y tribunales de los medios precisos...".

Los diputados comunistas han presentado también una enmienda coincidente con las de ambas minorías nacionalistas, que además detalla los estatutos de autonomía que reivindican dicha competencia. Son, además de los del País Vasco, Cataluña y Galicia, los de Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra y Valencia.