La patronal madrileña cree que el recargo del 3% viola el AES

El presidente de la Confederación Empresarial Independiente de Madrid (CEIM), José Antonio Segurado, anunció que pedirá al presidente del Gobierno, Felipe González, que manifieste "de forma clara y terminante si el proyecto del Gobierno regional de Madrid de aplicar un 3% de recargo en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) viola o no el espíritu del Acuerdo Económico y Social (AES)", suscrito por el Gobierno, los empresarios y el sindicato UGT. CEIM considera que el citado recargo contradice el artículo 31 del AES, que señala como uno de sus objetivos el control de la presión fiscal.

José Antonio Segurado manifestó en una conferencia de prensa celebrada ayer que "o se firma el AES y se mantienen los acuerdos que implica o se cumple este proyecto de ley". Segurado hará también a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) la misma consulta que la ya citada al presidente del Gobierno. La CEIM considera que uno de los puntos fundamentales del AES es garantizar que no habrá aumento de la presión fiscal en los próximos dos años.Segurado manifestó que "no hay derecho a que un gobierno regional trate de aprobar un recargo tributario que va en contra de un acuerdo al que se ha llegado después de más de cuatro meses de negociaciones, en las que los mejores técnicos nacionales han estado estudiando las décimas de aumento de la presión fiscal".

En un extenso informe elaborado por la CEIM se analiza el comportamiento de la tributación municipal en los últimos tres años y se expone que en la provincia de Madrid los impuestos y las tasas de este tipo se han incrementado un 60,9% en este período, lo que signfica un crecimiento real de 11 puntos por encima del producto interior bruto nacional según los datos de la patronal madrileña, en opinión de la cual el recargo significa un incremento "insoportable" de la fiscalidad en Madrid.

"Si ahora se aprueba el recargo del 3% en la provincia", manifestó Segurado, la presión fiscal será ya totalmente insoportable y aumentará la desconfianza de los particulares, que estarían dispuestos a invertir si no temieran que las reglas que rigen hoy pueden cambiar mañana".

El recargo, según el informe de la CEIM, supone una traslación de los hechos imponibles de los tributos locales, ya que antes se cobraban las tasas en función de los servicios que se prestaban y no en función del nivel de renta de los ciudadanos como pretende el proyecto.

José Antonio Segurado resaltó que sólo los ayuntamientos socialistas, 54 en toda la provincia, de un total de 178 municipios, han solicitado la implantación del recargo y afirmó que "debemos recordar que una de las características de la democracia es el respeto a las minorías y que la Constitución consagra la autonomía municipal con independencia del tamaño y la población del municipio".

Por otra parte, la CEIM considera que en el proyecto subyace una voluntad centralizadora del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid que puede restar capacidad administrativa a los municipios.

Segurado manifestó que, a la lectura del proyecto, tiene la sensación de que el Consejo de Gobierno "pretende recaudar recursos de las personas de todos los municipios y devolverles en concepto de transferencias corrientes el 40%. Con el 60%. restante, unido a los fondos que ya existen, volverá la vieja tentación de decidir por decreto a qué municipios y a qué proyectos se destinan".

Inconstitucional

Segurado rechazó la tesis del Gobierno de la Comunidad de Madrid relativa a que el recargo no supondrá un aumento de la presión fiscal, sino una simple racionalización del esquema tributario. Los argumentos esgrimidos para respaldar esta afirmación se han basado en que la cantidad que los contribuyentes tendrán que abonar si se aplica el recargo se compensará con la desaparición de algunas tasas municipales, principalmente de basuras y alcantarillado. Sin embargo, la CEIM entiende que en el proyecto se especifica lo que los ciudadanos tendrán que pagar, pero no se garantiza que realmente vayan a desaparecer unas tasas municipales como compensación.

"La Comunidad de Madrid", declaró José Antonio Segurado, "no tiene autoridad para obligar a los ayuntamientos a que eliminen determinadas tasas o impuestos".

La patronal madrileña tratará de convencer a las diferentes fuerzas políticas para que presenten un recurso de inconstitucionalidad del proyecto de ley. Segurado manifestó que "la CEIM, por primera vez, no va a revelar todos los argumentos que aportará a los grupos que legítimamente pueden entablar un recurso de inconstitucionalidad. Vamos a reservarnos un argumento clave para que no pueda ser destrozado por una redacción más o menos hábil del proyecto de ley, como ya ha ocurrido en otras ocasiones a nivel nacional".

La CEIM opina que el recargo viola, entre otros, los principios constitucionales de igualdad, neutralidad y territorialidad.

"El proyecto de ley", dijo Segurado, "crea diferencias sustanciales entre las obligaciones tributarías de los ciudadanos con domicilio fiscal dentro y fuera de la Comunidad de Madrid".

Situaciones pintorescas

Respecto a la violación del principio de territorialidad, la CEIM entiende que el recargo "se establece sobre un impuesto de carácter general que grava rentas obtenidas dentro y fuera de la Comunidad de Madrid". Los responsables de la CEIM insistieron en que el recargo del 3% sobre el IRPF puede crear situaciones pintorescas, como que los contribuyentes que esperan que Hacienda les devuelva dinero, porque han ingresado a través de las retenciones una cantidad mayor que la que realmente deben abonar, tengan que pagar el recargo a la comunidad mientras esperan que pasen los meses para que Hacienda les remita la devolución solicitada.

Por otro lado, los contribuyentes con rentas de menos de 500.000 pesetas anuales, para los que no es obligatorio hacer la declaración de la renta, tendrán que enfrentarse a un dilema: si no declaran, no tendrán que pagar el recargo, pero deberán abonar la cantidad correspondiente a la Comunidad de Madrid si efectúan la declaración con el objeto de solicitar la devolución de las cantidades retenidas a cuenta por la Hacienda estatal.