El Gobierno retocará su proyecto de reforma de los órganos de las cajas a raíz del 'caso de la Caixa de Catalunya'

El Gobierno decidió el pasado miércoles, en la reunión deliberante del Consejo de Ministros, volver a estudiar el proyecto de reforma de los órganos rectores de las cajas de ahorro, con el fin de introducir en él algunos cambios. El conflicto abierto el pasado 18 de septiembre -y finalmente cerrado ayer- en el Consejo de Administración de la Caixa de Catalunya ha sido uno de los elementos desencadenantes para decidir esta revisión. El Gobierno desea profundizar en el estudio, para perfilarlos mejor, de aspectos como el papel del director general, que algunos sectores de la Administración consideran sobrevalorado, y la protección de los derechos de las entidades fundadoras, que se considera escasa.

El Consejo de Ministros deliberante del miércoles dejó sobre la mesa de estudio el proyecto de ley de reforma de los órganos rectores de las cajas de ahorro. Este proyecto, elaborado en la Secretaría de Estado de Economía, fue concluido el 9 de febrero de este año. Los principales caballos de batalla de la reforma prometida por los socialistas, la representación de la Administración local en los consejos de las cajas y la limitación del poder omnímodo de los directores generales, quedaban muy suavizada en este proyecto en relación a otros anteriores de los socialistas.La proposición de ley del grupo socialista catalán presentada al Congreso de los Diputados en octubre de 1979, y posteriormente rechazada, preveía un 50% de los consejeros para los municipios. El proyecto elaborado en 1982 por la Comisión de Política Financiera del PSOE recogía esa propuesta. El nuevo proyecto disminuye esa participación a un porcentaje situado entre el 30% y el 40%, en beneficio de una mayor presencia de los impositores, elegidos por sorteo.

En cuanto al director general, se proponía para él un contrato civil por cuatro años, renovable, y su no pertenencia a la Comisión de Control. El actual proyecto conserva el carácter vitalicio del cargo: solamente puede removerse al director tras la aprobación del consejo de administración, el visto bueno de la asamblea general, un informe de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) y otro de la comisión de control de la caja en cuestión. El proyecto, como aspecto positivo, elimina la facultad del director de suspender los acuerdos del consejo de administración.

Sindicatos, ayuntamientos y los actuales representantes de las cajas, entre otras entidades, hicieron llegar sus observaciones al texto, que fue negociado principalmente con destacados directivos de la CECA, como su presidente, José Joaquín Sancho Dronda; su vicepresidente, el director de la Caja de Pensiones (La Caixa), Josep Vilarasau; y su director general, Miguel Allué. La idea subyacente, connotada de pragmatismo -basado en que las cajas, a diferencia de la banca, no han sufrido crisis financieras-, era democratizar, pero suavemente, contando con el consenso de la CECA y de los actuales directivos de las cajas, es decir, sin alterar fundamentalmente la estructura actual del sector del ahorro. "El proyecto es más atacable desde la izquierda que desde la derecha", declaró recientemente el secretario de Estado de Economía, Miguel Ángel Fernández Ordóñez.

Las cajas públicas

Ahora se intenta complementar el mantenimiento del consenso con el estudio sobre la conveniencia de incluir algunos cambios en el proyecto. Los cambios se deben a que algunos acontecimientos recientes han determinado la conveniencia de encontrar nuevas fórmulas. Fernández Ordóñez opina que el asunto de la democracia futbolística, que ofrecía "el triste espectáculo que está dando estos días la Caixa de Catalunya", quedará resuelto con el proyecto.Pero la crisis desatada en esta entidad ha hecho replantear, además, a responsables políticos socialistas la conveniencia de que en las cajas de fundación pública la corporación fundadora conserve -como tenían antes de la reforma de 1977- la mayoría en sus órganos de gobierno. Esta postura cuenta en su favor con el derecho comparado y con la experiencia finalmente resuelta ayer en Barcelona que, según las mismas fuentes, "ha estado a punto de poner en manos privadas una caja pública". Al mismo tiempo, aducen las fuentes, "suprimir los derechos de los fundadores equivale a desincentivar la creación de cajas".

Junto a la mayor protección de los derechos de los fundadores, otros de los temas sometidos a la reflexión del Gobierno son el carácter del contrato de los directores generales y la posibilidad de que la ley sea menos detallista, permitiendo un mayor desarrollo a los Gobiernos autonómicos en temas como la fijación de los porcentajes de representación de cada sector social.