Los impuestos y el poder

PESE A las protestas de la derecha y de la izquierda, de las asociaciones empresariales y de Comisiones Obreras, el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid mantiene impertérrito el proyecto de establecer un recargo del 3% sobre la cuota líquida. del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), destinado, en teoría, a nutrir un fondo de solidaridad para los municipios de la región. La presentación de esa medida como la democrática aceptación por las autoridades autonómicas de una iniciativa espontánea planteada por algunos ayuntamientos de la provincia de Madrid debe ser acogida, como ya hemos tenido ocasión de decir, con absoluto escepticismo. Los ayuntamientos responsables de la propuesta están bajo control del PSOE, y el secretario general de la Federación Socialista Madrileña es a la vez el presidente de la comunidad autónoma; o sea, que esa propuesta realizada formalmente desde abajo parece materialmente sugerida desde arriba a través de los mecanismos de que dispone el aparato del partido en el poder.La justificación demagógica dada a ese anunciado recargo sobre el IRPF es que su importe permitirá suprimir las tasas municipales de la recogida de basuras y del alcantarillado, calculadas en 7.200 millones de pesetas para 1985. Salta a la vista el desplazamiento, en favor de la comunidad autónoma y en detrimento de los ayuntamientos, de la gestión y asignación de esos miles de millones. De esta forma, la Comunidad de Madrid reforzaría sus arcas y aumentaría su poder político con la capacidad de influencia que proporciona el dinero público; eso sí, a costa de las haciendas municipales de la provincia, y en especial del Ayuntamiento de Madrid.

Las dimensiones políticas del caso poseen, sin embargo, menor importancia que las lesiones producidas a la autonomía municipal, amparada por el artículo 140 de la Constitución. No es fácil encontrar respaldo legal a una decisión de las autoridades autonómicas para forzar a los ayuntamientos de su ámbito territorial a suprimir las tasas de recogida de basuras y de alcantarillado. De modo que, si los ayuntamientos se resisten a acatar esa resolución, el recargo sobre el IRPF no sustituiría, sino que se añadiría, a las tradicionales tasas municipales.

La ley orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFICA) autoriza a las instituciones de autogobierno a establecer recargos sobre los impuestos estatales "no cedidos que graven la renta o el patrimonio de las personas físicas con domicilio fiscal en su territorio". Ahora bien, esa misma norma impone estrictas limitaciones territoriales para la creación por las comunidades autónomas de sus propios impuestos, que no podrán gravar "negocios, actos o hechos celebrados o realizados fuera del territorio de la comunidad impositora". ¿Que ocurrirá con las personas domiciliadas en la- villa de Madrid cuyas rentas hayan sido parcial o totalmente generadas en otros ámbitos territoriales? No se trata de una pregunta retórica, puesto que el origen de una parte de la población residente en la capital del Estado explica la circunstancia nada infrecuente de que los vecinos fiscales de Madrid reciban rentas generadas en otros lugares. La única solución correcta, a salvo de recurso ante el Tribunal Constitucional, sería, entonces, que el recargo del 3% gravase exclusivamente las rentas generadas en Madrid. A nadie se le pueden escapar las complicaciones técnicas de esa operación y los incentivos que la medida crearía para que algunos vecinos de la capital tomasen las de Villadiego y trasladasen su domicilio fiscal a comunidades autónomas menos voraces.

Otro punto más que dudoso de la medida prevista es que el recargo percibido en 1985 operará sobre la declaración de las rentas ingresadas en 1984, sin que los contribuyentes, que han hecho efectivas las tasas municipales de recogida de basuras y alcantarillado correspondientes a 1984, hayan podido prever una nueva imposición de carácter retroactivo que les hará pagar por dos veces más de 7.000 millones de pesetas. Como además el recargo del 3% del IRPF se realiza sobre la cuota líquida declarada, afectará negativamente a aquellos que tengan pendientes devoluciones por Hacienda de las retenciones excesivas. El argumento según el cual el trueque de las tasas municipales de alcantarillado y recogida de basuras por el recargo beneficiaría a los pobres y castigaría a los ricos, como en la leyenda de Robin Hood, contrasta con la probada realidad de que las tasas las pagan los propietarios de las viviendas, y no los inquilinos que las alquilan. En cambio, serán éstos, empleados, funcionarios y trabajadores, a los que se retiene automáticamente el impuesto sobre la renta, quienes contribuirán de forma abrumadoramente mayoritaria a esa nueva exacción, a mayor gloria de ese invento incomprensible que es la Comunidad de Madrid.

Por si todo esto fuera poco, el recargo sobre el IRPF, creado por la comunidad autónoma a costa de las haciendas muncipales, será recaudado por el Estado, y su resultado práctico, se mire como se mire, es un incremento del agobio impositivo que sienten los ciudadanos, máxime cuando no existirán las retenciones mensuales a cuenta, sino que los pagos tendrán que hacerse de un solo golpe. Nos preguntamos cómo puede hacerse todo eso y decir luego que no ha aumentado la presión fiscal, según se ha prometido por el Gobierno.