El Defensor del Pueblo investigará las denuncias sobre supuestas torturas

El defensor del pueblo, Joaquín Ruiz-Giménez, manifestó ayer que la institución que preside va a investigar los casos de torturas en España denunciados por Amnistía Internacional, así como cualquier otro acto de este tipo, y añadió que su próxima visita a acuartelamientos de la Guardia Civil y comisarías de policía del País Vasco se enmarca en este objetivo.

Ruiz-Giménez declaró asimismo que es muy probable que el primer informe extraordinario que presente esta institución se refiera a las torturas y malos tratos en España, por fidelidad a la Constitución, a las leyes y al Código Penal, y a la imagen de los cuerpos de seguridad y de España ante la opinión públíca y el exterior".Las denuncias de torturas y malos tratos en España, no sólo comunicadas por Amnistía Internacional, sino por otros colectivos, como la, Asociación Pro Derechos Humanos, "preocupa al Defensor del Pueblo"; por ello, la institución ha previsto, acogiéndose al artículo 11 de la ley orgánica que la regula, reservar con toda probabilidad su primer informe extraordinario, desde que se creó este organismo, a esclarecer la práctica de malos tratos y torturas en España, "ya que no existe materialmente tiempo para ello en las dos horas que dura la exposición de nuestro informe anual a las Cortes Generales".

Ruiz-Giménez precisó que la investigación que se va a iniciar tratará de obtener la versión de todas las partes implicadas y estará inspirada en los artículos 15 y 18 de la Constitución; el primero, en el caso de los supuestos torturados, y el segundo, en el de los supuestos torturadores. El artículo 15 de la Constitución prohíbe "las torturas y los tratos inhumanos o degradantes", Y el 18 "garantiza el derecho al honor y a la propia imagen".

El defensor del pueblo destacó el "ofrecimiento y las facilidades" que le prestó recientemente el director general de la Guardia Civil, José Antonio Sáenz de Santa María, "para realizar las labores de investigación". También subrayó que los guardias deben tener confianza en la institución, y "si se llega a la conclusión de que no se produjeron las torturas, para ello está el derecho al honor".