Prusia ha muerto y la República está comprada

LAS DIMENSIONES del escándalo Flick en la República Federal de Alemania (RFA), donde hace ya tiempo que se habla del Bonnergate, suscitan la cuestión de si no habrá que replantearse la historia reciente del país, a la vista de las revelaciones que cada vez salen a relucir. El caso Barzel no es sino uno más tras el caso Lambsdorff y los que surgirán en el futuro, que parecen confirmar el cuadro demoledor que el liberal Ralf Dahrendorf` pintó recientemente sobre la elite del poder en la RFA. Según él, "sólo los grandes escándalos salen a la luz pública y en parte quedan sin consecuencias. En el mundo libre hay pocas clases políticas tan corruptas y al mismo tiempo con una cara tan dura como en la RFA".Si realmente los escándalos que salen a relucir representan solamente la famosa punta del iceberg, no cabe duda de que la historia de los años setenta, quizá hasta el cambio de Gobierno el otoño de 1982 en Bonn, tendrá que escribirse de nuevo bajo la perspectiva de que un consorcio financiero, que en su tiempo también financió a Hitler, consiguió nada menos que convertir a la RFA en una república comprada y habría llegado la hora de entonar el réquiem por las viejas virtudes que consagró Prusia y habían pasado a formar parte de la tradición cultural alemana.

Desde luego, si algo queda de la parte positiva de la herencia prusiana en la actual RFA, eso no se encuentra en la elite del poder, sino en los funcionarios de Justicia y Hacienda, que, sin dejarse impresionar por los nombres de los implicados, han decidido tirar de la manta hasta las últimas consecuencias.

Curiosamente, ha sido necesaria también la quiebra de los principios prusianos de la Administración -el secreto profesional de la justicia y el fisco- para conseguir que el escándalo saliese a la luz y no quedase tapado. En el Bonnergate, como en su día el Watergate, también la Prensa ha representado un papel decisivo. Sin las revelaciones del semanario de Hamburgo Der Spiegel probablemente a estas horas los políticos procesados y en tela de juicio estarían tranquilos en sus cargos disfrutando de sus dietas y sus contratos de asesores con bufetes más o menos oscuros, de los donativos de Flick y de la bien merecida amnistía, consensuada por todos los partidos del espectro parlamentario. Si no hubiera sido por las revelaciones de Der Spiegel y también por la presencia de los verdes en el Parlamento federal, un partido que como un tábano no cesa de incordiar y azuzar a los políticos del sistema.

Ante las dimensiones que amenazaba adquirir el escándalo Flick, los partidos de la coalición de centroderecha que gobierna en Bonn -democristianos (CDU/ CSU) y liberales (FDP)- planearon la pasada primavera una amnistía, a la que los socialdemócratas (SPD) se opusieron, aunque en el pasado, cuando estaban en el poder, habían coqueteado con la idea de barrer debajo de la alfombra las culpas derivadas de la financiación de los partidos políticos, de los donativos a las fundaciones de los partidos y los delitos contra el fisco. El SPD, aunque también está implicado en el escándalo Flick, no pudo sumarse a la amnistía, porque los verdes -único partido inocente en el caso- habrían capitalizado todavía más en votos su postura de oposición radical al sistema.

El caso Barzel es un índice del grado de perversión de los valores a que se ha llegado en la clase política de Bonn, cuando se considera como un problema social que un ciudadano tenga que vivir solamente de sus dietas de, diputado. La RFA tiene los diputados mejor pagados del continente europeo: perciben actualmente alrededor de 12.500 marcos mensuales (unas 700.000 pesetas), más otras prebendas, y siempre se argumentó que estas cantidades eran muy elevadas, pero "es el precio que hay que pagar para tener unos diputados independientes y que obedezcan solamente a su conciencia".

Hace 10 años, cuando Barzel cesó en su puesto de jefe del Grupo Parlamentario Democristiano en el Bundestag, la dirección del partido, el nuevo presidente de la CDU y hoy canciller federal, Helmut Kohl, consideró que se planteaba "un problema social". Se aprobó pagar a Barzel durante algún tiempo más su sueldo de jefe del grupo parlamentario. Las dietas de diputado por lo visto no bastaban, y Barzel era "un problema social". Por su cuenta, y también con la mediación de dirigentes democristianos -según los documentos publicados por Der Spiegel-, el consorcio Flick se encargó de asumir el caso social Barzel con una aportación de 1,7 millones de marcos (95 millones de pesetas) a lo largo de siete años.

Prusia ha muerto y la República está comprada.