Contra corrupción, trabajo

El ejemplo de Olvera, donde UGT ha denunciado 28 casos de personas que se encontraban en las listas del paro a pesar de tener un trabajo o ser propietarios de inmuebles, fincas o almacenes, es tan sólo un botón en la larga muestra de pueblos andaluces que necesitan del dinero público para que una lista de sus parados habitantes reciban empleo donde la tierra es yerma o no tiene las condiciones precisas para ser productivamente explotada. Son pequeños pueblos donde los denunciados conviven y copean con quienes realmente no tienen nada. Para ellos, la palabra corrupción es demasiado fuerte. Es la dinámica de la dejadez lo que provoca esa picaresca, que sólo pone en entredicho el sistema de empleo rural y el letargo burocrático.

ENVIADO ESPECIALTodos saben en Olvera quiénes tienen minifundios, supermercados o bodegas. Todos saben en Olversa que lo mismo ocurre en Algodonales, Alcalá del Valle, Paterna o Villamartín. Son pequeños municipios de la sierra de Cádiz, la sierra de los pueblos blancos, cuyos parados sobreviven merced al subsidio de desempleo agrario y a las obras que, con cuentagotas, les adjudican mediante los convenios Inem-ayuntamientos o el Plan de Empleo Rural (PER).

Pero la vida en un pueblo es dura y solidaria, y por esta razón ninguno lanzará la primera piedra ni levantará el dedo acusador contra su vecino por un quítame allá ese jornal. Ni siquiera la UGT local. Tuvo que ser la provincial la que puso en conocimiento del gobierno civil que había jornaleros que iban al tajo en un todo terreno, o que poseían rebaños de cabras.

Un concejal del ayuntamiento comentaba que cuando Felipe González dijo que había quien se compraba coches con el empleo comunitario no le faltaba razón por mucho que protestase Sánchez Gordillo, el mítico alcalde de Marinaleda.

Un catastro catastrófico

"El ayuntamiento y el gobernador son los que tienen que denunciarlo. Ellos lo saben tan bien como nosotros", exclaman los jornaleros del empleo rural que tra bajan en la pavimentación de la calle de La Encarnación, de Olvera, o en el allanamiento de carriles en el puerto de La Cabaña. "Las fuerzas sociales son las que tienen que intervenir", insisten. Es el reparto solidario de la miseria, la clásica estampa del jornalero andaluz, pico en mano, haciendo agujeros o deshaciendo terrones pero no hay otra: los más viejos no saben leer y todos participan de una callada resignación campesina.

En el Ayuntamiento de Olvera tienen claro que las listas del paro están hinchadas, que están muchos más de los que son. En las dos últimas semanas la cifra era de 1.000, lo que resulta excesivo para un concejal independiente de la corporación olvereña, para quien la cifra de 400 parados sería más correcta.

"Esto ocurre en todos los pueblos", dice Francisco Menacho, concejal de Cultura y profesor del instituto. "En Alcalá del Valle, con la mitad de población que Olvera, el censo de parados es el mismo. Sucede porque las listas del Inem no se actualizan. Muchos vienen a pedirnos certificados de que no poseen bienes y tenemos que dárselos, porque las tierras o casas o bodegas están a nombre de la esposa o del abuelo que ya ha fallecido. No se revisa el catastro desde hace muchos años".

Los ayuntamientos son, en buena medida, parachoques de las inconsecuencias de otros organismos. La elección de parados que se solicitan para cubrir una determinada obra se confecciona mediante el sorteo de las letras del abecedario para determinar por qué apellido hay que comenzar. La fortuna quiso que saliera la letra P, y varios Porras fueron seleccionados. En el pueblo se sabe que ese apellido corresponde, en general, a pelentrines, apelativo que se da en la comarca a los pequeños propietarios.

Al Ayuntamiento de Olvera acudieron, indignados, varios grupos de parados que habían sido excluidos, por sorteo, de las listas de empleo para las primeras obras del PER en esa población. Tan es así, que el alcalde hubo de publicar un bando para explicar que el sorteo correspondía al Inem y que el ayuntamiento solamente publicaba las listas.

En el mismo bando explicaba que el ayuntamiento propuso al gobernador la creación de una comisión local de empleo, con participación de sindicatos, para que fuese desde la perspectiva del propio lugar como se seleccionase a los más necesitados para acudir a los tajos, pero la fuerza del decreto que regula el método de sorteo lustró la tentativa. Por otro lado, los ayuntamientos reciben el 50% del dinero con la obra ya comenzada y la otra mitad con la obra terminada: "Si ellos quieren cobrar por día o por semana, ¿de dónde sacamos el dinero?" Por otro lado, las obras del Patronato de Mejora de Equipamientos Locales se financian con un 40% del ayuntamiento, "que solicita el préstamo al 7%, lo que constituye una grave carga para un ayuntamiento que tiene un déficit de 90 millones al año", señala el secretario.

Aunque los chascarrillos de la plaza y los comentarios de los bares tengan como denominador común el tema de las denuncias por corrupción en el empleo rural, la sangre no llegará al río, entre otras cosas porque no lo hay, porque el agua que se bebe en Olvera hay que traerla desde 20 kilómetros. Desde que el pasado día 10 comenzasen las obras del PER y se publicasen las listas, se sucedieron las concentraciones y asambleas. Incluso hizo acto de presencia, preventivamente, una fuerza de la Guardia Civil y Policía Nacional. "Hay una latente indignación y frustración entre quienes no les ha tocado", explica otro concejal, "pero si en lugar de enviar 45 millones hubiesen sido 100, dinero para todos, no hubiera pasado nada".

Es difícil que lleguen a producirse denuncias mutuas, aunque esa posibilidad sea contemplada en un futuro cercano. Sobre todo si prosigue la campaña iniciada por el secretario provincial de la UGT, Francisco Arias, que ha decidido convencer a sus afiliados de que la única forma de terminar con el fraude es implicar al Inem a través de denuncias de personas concretas. La próxima semana la historia de Olvera se repetirá en Algodonales y sucesivamente en otros municipios. UGT sabe que el sistema no es bueno, que falla y favorece el fraude -un documento interno del PSOE elaborado antes del verano así lo señala-, y ha decidido poner cerco a esas rebabas de la picaresca, a diferencia del sindicato CC OO, que reconoce la situación, pero la achaca al propio sistema. Tendrían que ser enormes las diferencias sociales para que un pueblo se enfrentase a una parte de ese pueblo, a la parte que, teniendo otros canales para sobrevivir cómodamente en la penuria, robase con indolencia a sus vecinos míseros jornales de 17.000 pesetas mensuales.