La Audiencia aplaza el juicio de Renta Catalana para investigar posibles conexiones con Banca Catalana

El juicio contra los cuatro responsables de la Sociedad de Inversión Inmobiliaria Renta Catalana -los hermanos Ignasi y Antoni Maria Baquer Miró, Félix Maria Millet y Eduard Guillén Ulloa- se interrumpió ayer para que el fiscal pueda estudiar una nueva documentación relativa al caso y con la que podrían quedar probadas las supuestas implicaciones de Banca Catalana en el tema. El aplazamiento de la vista fue solicitado por el fiscal, José Lorca, y por los abogados querellantes a la vista de los cerca de 200 folios de documentación que se les había entregado aquella misma mañana.

Uno de los abogados querellantes, el letrado Fernando Cabestany, que aglutina a la mayor parte de los perjudicados, supone que Renta Catalana creó en Gerona una sociedad puente con el objeto de vender su patrimonio a Banca Catalana, distrayendo así parte de este patrimonio. En su opinión, la citada documentación podría confirmar esta hipótesis.La documentación remitida a la Audiencia de Barcelona está formada básicamente por fotocopias de diligencias judiciales instruidas en los juzgados de Gerona y Figueres, a instancias de un grupo de perjudicados. Una de estas causas, que recientemente ha sido archivada, fue planteada con la intención de investigar la desaparición de 2.260 millones de pesetas del patrimonio de Renta Catalana. Se aseguraba en esta querella que Renta Catalana habría vendido ficticiamente, junto a otras irregularidades, un edificio de la calle de Pedro III, de Figueres (Gerona).

El fiscal, José Lorca, al reclamar el aplazamiento de la vista, explicó que "esta documentación tiene una trascendencia enorme" y dijo necesitar un período d tiempo para reflexionar. Posteriormente, el representante del ministerio público se negó a comentar a la Prensa el contenido de las nuevas pruebas.

Período de reflexión

La sala, que acordó la interrupción de la vista pocos segundos después de que ésta se hubiera iniciado, convocó a las partes a una nueva sesión que se iniciará el próximo miércoles, 24 de octubre, a las cuatro de la tarde. Los magistrados extendieron también una orden de presentación para dos diputados de Convergència Democrática, Joaquim Molins y Josep Maria Trias de Bes, quienes estaban citados en calidad de testigos pero no comparecieron a la vista.

Este período de reflexión abierto en torno al caso será aprovechado también por los abogados querellantes, quienes apuntaron la posibilidad de recusar al actual presidente de la sala, Adolfo Fernández Oubiña, ya que éste instruyó parte del sumario cuando estuvo destinado en el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona. Fernández Oubiña abrió unas diligencias previas sobre el asunto - 1.781/1980- y reclamó del Tribunal Supremo el procesamiento de los diputados Trias de Bes y Molins, que fue rechazado. Si se formaliza y acepta esta recusación, el juicio podría ser nuevamente aplazado.

Ignasi Baquer Miró, uno de los responsables de Renta Catalana para quiere se pide un total de 14 años de prisión, desmintió ayer nuevamente las acusaciones vertidas contra él y lamentó que los perjudicados que sostienen la querella no hubieran aceptado las indemnizaciones propuestas. Aseguró que la querella interpuesta tenía como objetivo presionar a Renta Catalana para que devolviera el dinero a los inversionistas, configurando de esta manera una acción judicial que en la doctrina penal recibe el nombre de "querella catalana". Añadió que durante los últimos años se había realizado un esfuerzo titánico para resarcir los daños producidos y que ello quedaba probado con los numerosos desestimientos judiciales.

Las afirmaciones de Ignasi Baquer Miró fueron confirmadas por uno de los letrados-querellantes, José Carlos López Díaz, quien dijo que aquella misma mañana un grupo de inversionistas había aceptado las propuestas y se había retirado del sumario. Otros perjudicados, sin embargo, optaron por mantener la acusación y acudieron ayer al Palacio de Justicia para presenciar la vista y poder llamar "ladrones" a los implicados, para quienes se pide un total de 46 años de prisión por los delitos de apropiación indebida y falsedad.