Más censuras sobre Televisión

LA PEREGRINA petición formulada por el portavoz de Alianza Popular en el Consejo de Administración de Radiotelevisión Española (RTVE) para aplazar la emisián de Si yo fuera presidente, basada en el propósito de que las opiniones del pueblo llano no deslucieran los faustos del debate parlamentario sobre el estado de la nación, no sólo constituye una agresión a la libertad de expresión y a los principios del Estatuto de RTVE, sino que también muestra los extremos de ridículo que alcanza la ausencia de sentido del humor y el patrimonialismo de la clase política. Pero la desgraciada iniciativa ha coincidido mágicamente en el tiempo con la propuesta del vicepresidente socialista del Congreso de los Diputados para crear un servicio informativo de televisión destinado a mejorar el deficiente tratamiento que recibe la vida parlamentaria española en TVE. Además de esta sugerencia, el vicepresidente Torres anuncia que la junta de portavoces de la Cámara baja hará llegar a TVE un escrito con las adversas opiniones que merece alos parlamentarios la pequeña pantalla.Quizá sea cierto que las actividades de las Cortes Generales no reciben la atención debida de los medios en la televisión del Estado, demasiado ocupados tal vez en cumplir órdenes o peticiones de la amplia pléyade de miembros del poder -y no sólo del socialista- que solazan con su presencia las sobremesas de los españoles. Sin embargo, constituye una prueba de ingenuidad que la mayoría socialista del Congreso y del Senado simulen ignorancia respecto a los auténticos centros de decisión en Televisión Española. Otra cosa es que la desternillante ineficiencia de sus gestores haya quitado más votos al partido socialista en Cataluña que ningún otro caso, o que haya mejorado el nivel de sueño de los españoles, incapacitados, salvo excepción, de bostezar ante la caja de Calviño. Es verdad que sectores del Gobierno están a la vez arrepentidos y horrorizados de lo que se ha podido hacer con lo que debería haber sido la imagen del cambio. Pero no menos cierto resulta que los esfuerzos por salvar su cabeza le llevan al director general a una pleitesía cuando menos excesiva con quienes pueden pedirla de forma casi irremediable, y también al divertido y esperpéntico intento de sobrepasar el mismo al presidente González por la izquierda.

Pero la inutilidad de unos no empaña la arbitrariedad de otros. Si prosperasen las iniciativas lanzadas por un representante de Alianza Popular en el Consejo de Administración de RTVE -censurar un programa de televisión para evitar un supuesto deterioro de la imagen de los líderes o diputados- y por el vicepresidente del Congreso -crear una productora de imágenes televisivas de las Cortes Generales-, se crearía una de las más abonúnables situaciones que pueda ofrecer una democracia parlamentaria. Los núembros del Consejo de Administración de RTVE, uno de los organismos más inservibles -y, por consiguiente, más caros- de nuestra estructura institucional, han sido elegidos por el Congreso y por el Senado con el teórico fin de velar por el cumplimiento de los principios establecidos por el Estatuto del Ente Público, no de censurar programas, y mucho menos de realizarlos. El director general ha sido nombrado por el Gobierno, previo dictamen del consejo de administración, cuyos miembros, designados en teoría por sus "relevantes méritos profesionales" y seleccionados en la práctica por su fidelidad partidista, viven en una sobresaltada duermevela en espera de los telefonazos de quienes les transmiten las órdenes. Dejando a un lado los riesgos de corporativismo parlamentario, en el que podrían caer los representantes de la soberanía popular si tratasen de poner a los medios de comunicación al servicio de sus vanidades o de sus arrogancias, es un hecho indiscutible que las Cortes Generales -que invisten al presidente del Gobierno, que nombra al director general de RTVE, y designan a los miembros del Consejo de Administración del Ente Publico- tienen a su alcance los procedimientos para enderezar esos supuestos entuertos.

Tal vez sea oportuno traer aquí a colación las obsesiones de los políticos que ocupan altos cargos en el Estado, incluidas la comunidades autónomas, por controlar los medios de comunicación públicos -y también privados, si surge la ocasión- e instrumentarlos a su servicio. La proliferación de gabinetes de prensa en la Administración del Estado (asombrosamente compatibles, a veces, con la simulación del periodismo libre por esos funcionarios) y los esfuerzos de algunos políticos -a derecha y a izquierda, desde el poder central o desde el regional- para someter a tutela a los medios de comunicación en nombre de la buena imagen de las instituciones es una de las desviaciones más lamentables que se han observado en la política española en los últimos años. En el sector público, las frustraciones de los parlamentarios para recibir gratificaciones de la televisión no impiden que la presencia del Gobierno sea tanto o más predominante en Televisión que en los tiempos del centrismo. Por lo demás, la ignorancia que empaña esta actitud viene demostrada por el hecho de que Unión de Centro Democrático se gasificara y desapareciera de la faz de la tierra después de haber manipulado, utilizado y manoseado la televisión pública hasta extremos que sólo Calviño ha demostrado era posible rebasar. ¿De qué les valió entonces?