La Intervención General del Estado revisará los sistemas de control de las aduanas españolas

La Intervención General del Estado ha recibido instrucciones para iniciar una auditoría en la aduana de Barcelona, y realizar una inspección de los mecanismos de control existentes en todas las aduanas del pais y proceder a su reforma. Al mismo tiempo se ha puesto de manifiesto la necesidad de una revisión en profundidad de la reglamentación sobre los agentes de aduanas. Estas fueron las medidas más importantes anunciadas por el secretario general del Ministerio de Hacienda, Juan Francisco Martín Seco, en conferencia de prensa celebrada ayer en Madrid para dar cuenta del estado de la cuestión del fraude descubierto en la aduana de Barcelona, un escándalo que actualmente sacude a la Administración central.

Ayer se supo que la Delegación de Hacienda de Barcelona presentará hoy una nueva denuncia ante el juzgado de guardia en relación a las irregularidades descubiertas en la agencia de aduanas Aymsa, fusionada en 1981 con la de Santiago Batchillería, que, como es el caso de ésta y de Freixas, SA, se encuentra en suspensión de pagos. Aclarado por la Inspección de Servicios de Aduanas lo que se supone el grueso del fraude, la marea de las investigaciones va a seguir hasta alcanzar a todas las agencias que operan en dicha aduana de Barcelona. Mientras tanto, se acelera la introducción de un nuevo sistema de liquidación de importaciones, en línea con la normativa existente en la CEE.

La génesis del escándalo

El secretario general de Hacienda dio cuenta de la génesis del escándalo, destapado tras una denuncia efectuada a mediados de julio pasado cerca de la Dirección General de Aduanas, según la cual, existían serias irregularidades en la aduana de Barcelona, consistentes en dejar de ingresar en el Tesoro determinadas cantidades correspondientes a liquidaciones efectuadas por agentes y relativas a derechos arancelarios por importaciones. La Inspección de los Servicios de Aduanas localizó las irregularidades en las agencias Santiago Batchillería, Aymsa y posiblemente en otras aún sin determinar. Los indicios racionales de fraude llevaron a Hacienda a plantear, el 10 de octubre pasado, denuncia ante el poder judicial por presuntos delitos de "apropiación indebida, malversación de caudales públicos, infidelidad en la custodia de documentos y falsificación de documentos".El estallido del escándalo motivó la destitución del administrador de la aduana de Barcelona y se anuncia una serie de expedientes a incoar a funcionarios que, si no directamente implicados en el fraude, sí pueden ser responsables de negligencia en sus funciones.

La actuación inspectora ha descubierto tres formas de fraude: sustracción de declaraciones del circuito normal de ingresos, proceso mecanizado por ordenador; declaraciones liquidadas a tipo inferior al correspondiente y falsedad de la base tributaria, y desaparición de hojas del libro registro de declaraciones, dando como ingresadas declaraciones que no lo habían sido.

Desde el punto de vista numérico, se han descubierto certificaciones no ingresadas de la agencia Santiago Batchillería por importe de 449 millones de pesetas, cantidad que ya ha sido ingresada, previo el requerimiento. Las cantidades sin ingresar en este momento corresponden a 232 millones de pesetas, correspondientes a 13 declaraciones no ingresadas; 28 millones, correspondientes a declaraciones mal liquidadas, y 570 millones, a liquidaciones pendientes de ingreso. En total, la deuda de Batchillería con el Tesoro se eleva a 830 millones de pesetas. La citada agencia señala en la suspensión de pagos tener acreedores por importe de 514 millones de pesetas, que con los 300 millones de fianza en la aduana, suman, grosso modo, la cifra adeudada por Batchillería.