Reticencias en unas jornadas sobre derechos humanos ante la futura ley de la informática

La independencia respecta al Gobierno del futuro órgano de control de los richeros informatizados en poder del Estado es la reivindicación esencial realizada duirante las segundas jornadas sobre informática y derechos humanos, celebradas esta semana y organizadas por la Asociación Pro Derechos Humanos (APDH). Esta reivindicación se produce en relación con el proyecto de ley que prepara el Gobierno para cumplir el mandato constitucional de salvaguardar los derechos humanos frente al uso de la informática.

En las jornadas participaron Vittorio Frosini, catedrático del Instituto de Filosofía del Ecrecho de la Universidad de Roma, y Wilhelm Steinmuller, catedrático de Informática de la Universidad de Bremen (República Federal de Alemania). Moderó las sesiones el fiscal y vicepresidente de la APDH, José Antonio Martín Pallín. Participaron también el periodista César Alonso de los Ríos, director general de Organización, Procedimientos e Informática de la Presidenciadel Gobierno, el ingeniero indusixial Jesús Rodríguez Cortezo, Guillermo de Avila, el letrado de las Cortes Diego López Garrido y el jefe de la oficina de Prensa de la Seguridad del Estado, José Antonio Linares. La APDH exige "una preferente atención de los poderes públicos y una continua reflexión de todos los movimientos políticos, culturales y ciudadanos" en relación con los aspectos Filosóficos, sociológicos y jurídicos de la informática. Asimismo, estima que "la desocupación que provoca la aplicación de la tecnología informática debe ser conipensada con un equitativo reparto de la riqueza que genera riara las empresas que la utilizan".

La APDH considera urgente el desarrollo del artículo 18,4 de la Constitución ("la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos") frente "al uso incontrolado de los sistemas automatizados por parte de los organismos pú blicos y privados". Entre otros puntos que, a juicio de la APDH debe incluir la futura ley, figura el derecho de todos los ciudadanos a solicitar de los organismos públicos y privados que utilizan ficheros personales automatizados "información sobre los datos que les conciernen".

Igualmente, en las jornadas se puso de relieve que toda solicitud de datos personales destinados a ficheros infórmatizados debe ir acompañada de la advertencia sobre su destino y la no obligatoriedad de proporcionar los de carácter ideológico, religioso, sexual o sindical, así como el riguroso control por comisio nes parlamentarias y el Defensor del Pueblo, de los archivos destinados a la seguridad del Estado.

Peligro para la persona

Finalmente, se acordó que la utilización de un número identificador único para todos los archivos informatizados puede suponer "un peligro para la identidad de la persona humana y no está justificada por meras razones técnicas o de rentabilidad del sistema informático". Para Martín Pallín, la interconexión entre los diferentes ficheros informatizados, merced al número único, representa un grave riesgo para los derechos de los ciudadanos, no compensable por la baratura y agilidad del sistema puestas de relieve por su oponente. Por su parte, López Garrido puso de manifiesto la importancia de que todos los ficheros informatizados, estrictamente se parados entre sí y sometidos al principio de publicidad absoluta y de libertad de acceso, cuenten con un órgano de control independiente del Ejecutivo, cuyos miembros sean inamovibles y vinculados al Parlamento. Guillermo de Ávila no dio seguridades de que el proyecto de ley en gestación ofrezca estas garantías y aseguró, en cambio, que la informatización puede facilitar el mejor servicio que desean los ciudadanos, a quienes se ahorrarán, dijo, "papeleos, colas y ventanillas". España ha sido el tercer país, tras Suecia y Francia, en prestar su consentimiento al convenio europeo para la protección de las personas respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, que entrará en vigor tres meses después de que lo hayan expresado cinco Estados miembros del Consejo de Europa.