Acuerdo entre los inquilinos de Darsa y la compañía para la compra de las viviendas

Los inquilinos de las 1.400 viviendas propiedad de la empresa inmobiliaria Darsa, que mantenían desde el pasado mes de enero un contencioso con la empresa, al querer ésta desahuciar a los cerca de 300 jubilados y viudas, llegaron la semana pasada a un acuerdo definitivo con Darsa que se recogerá en un documento oficial el próximo jueves. En síntesis, los pisos que la inmobiliaria tiene en Madrid serán puestos a la venta a un precio medio de 1.421.000 pesetas, cantidad que se verá reducida en caso de que el comprador sea pensionista (un 5%), se pague al contado (un 4%), o se compren más de 700 viviendas (un 5%), antes del 31 de diciembre. Estos porcentajes son acumulativos lo que puede dejar un piso, en caso de que se cumplan las tres condiciones, en 1.231.000 pesetas. El acuerdo logrado tras numerosas conversaciones fue confirmado ayer por José María Vinuesa, director general de la compañía, después de que el pasado jueves fuera ratificado por unos 700 vecinos en asamblea.

Mediante el acuerdo logrado, la compañía Darsa desiste de las acciones judiciales en marcha, siempre que los afectados se acojan a las medidas ahora ofrecidas. El acuerdo contempla además la posibilidad de que los jubiliados y viudas, que no quieran o puedan adquirir el piso en el que viven, podrán acogerse al derecho de habitación gratuito y vitalicio, de tal forma que hasta el fallecimiento de los dos cónyuges no pagarán renta alguna y sólo abonarán los servicios y suministros que utilicen.

En caso de que los jubiliados y viudas decidieran no comprar la vivienda que habitan ni acogerse al derecho de habitación, el documento ratificado por los vecinos indica que quedarían sujetos a lo establecido por el Reglamento de Viviendas de Protección Oficial y en el contrato de arrendamiento.

Precisamente la sujeción a esta regulación fue la causante de los conflictos habidos en los últimos nueve meses pues el contrato de arrendamiento que tienen estos vecinos se hizo en virtud de que ocupaban un puesto de trabajo en unas determinadas empresas obligacionistas de Darsa. La decisión de la compañía, el pasado enero, de desahuciar a 20 de los jubilados o viudas a quienes consideraba rescindido el contrato por fallecimiento o jubilación de los titulares, fue el detonante del conflicto.

Un largo encierro en una iglesia y varias manifestaciones de los afectados, a quienes apoyaba el resto de los inquilinos en activo, convirtieron el tema Darsa en un problema de orden público. El Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo llegó a elaborar un decreto, aprobado por el Consejo de Ministros, que fue contestado por la inmobiliaria y los vecinos pues las condiciones que fijaban no gustaban a ninguna de las partes.