El proyecto de ley electoral fija controles sobre los gastos de los partidos en campaña

El Gobierno dio ayer luz verde, con escasas modificaciones sustanciales, al proyecto de ley electoral que regulará las próximas elecciones generales, que, según fuentes del Gobierno, no se celebrarán antes de la primavera de 1986. El proyecto, "consensuado en su núcleo, no en lo accesorio", con las principales fuerzas parlamentarias -excepción hecha del PCE-, según informó ayer Alfonso guerra, establece severos controles y límites para el gasto electoral de los partidos.

Los socialistas cedieron en buena parte de sus pretensiones para lograr el consenso más amplio posible en el proyecto de ley orgánica de Régimen Electoral General, que ayer, de manera un tanto inesperada, fue aprobado en el Consejo de Ministros y será enviado esta misma semana a las Cortes. Entre otras cosas, el PSOE renunció a ampliar hasta 400 el número de escaños del Congreso de los Diputados, manteniendo en el texto del proyecto el número actual (350), pese a, que, como dijo Guerra -máximo responsable del proyecto-, un aumento en el número de diputados hubiese significado una mayor proporcionalidad. El sistema electoral seguirá rigiéndose por el método D'Hondt, e igualmente permanecerán inalterables el mínimo de escaños por circunscripción (dos) y el porcentaje de votos mínimo que un partido debe alcanzar en cada circunscripción para poder estar representado en el Parlamento (3%). El sistema de listas seguirá siendo cerrado y bloqueado.

El proyecto establece un rígido sistema de control de los gastos electorales, a través del Tribunal de Cuentas, que, podrá recabar información de los bancos que concedan créditos a las candidaturas y de las empresas que contraten con éstas.

También se establece un límite para estos gastos: ningún partido podrá emplear en la campaña una cantidad superior a 20 millones de pesetas por cada circunscripción, más 40 pesetas por cada elector de esa provincia. Basándose en los datos del último censo -que será, en todo caso, actualizado-, un partido que concurriese en todas las circunscripciones no podría gastar más de 2.115 millones de pesetas en una campaña. Esa cifra, para Madrid, sería algo inferior a 151 millones, y para Barcelona, algo superior a 153 millones de pesetas.

Campañas 'flexibles'

También se regulan con mayor rigor los mecanismos de puesta al día de las subvenciones en pesetas constantes. Recogiendo un sentir casi unánime entre los grupos políticos, se facilita el acceso de éstos, en condiciones de mayor igualdad, a los medios de comunicación oficiales, singularmente a la televisión estatal, en la que podrán estar presentes también los partidos regionales. La duración de la campaña, electoral no será fija: el texto del proyecto establece que podrá variar entre 15 y 21 días, según el tipo de elección de que se trate (más amplio para las generales que las locales o autonómicas).