El trimestre de la reconversión

LA RECONVERSIÓN industrial, que figuraba en lugar preferente en el programa con el que el PSOE ganó las elecciones, ha degenerado hasta ahora, en los casi dos años en los que los socialistas gobiernan, en la táctica del amagar y no dar, con lo que el Ejecutivo ha perdido bastantes dosis de credibilidad. Sin embargo, hay síntomas de que algo está cambiando y de que en este trimestre se puede relanzar definitivamente la reconversión en los sectores básicos (naval, siderúrgico, fertilizantes). La reconversión de aceros especiales y de la línea blanca de electrodomésticos continúa su camino sin grandes publicidades después del sonado conflicto de Aceriales, en el que el ministro de Industria, principal valedor de esta política, tuvo una derrota al alcanzarse un acuerdo basado en la suspensión temporal de contratos para los trabajadores excedentes, y no en la rescisión definitiva, como el Gobierno pretendía. Esta fórmula fue planteada por el sindicato socialista como guía para el cambio en los otros sectores en reconversión y fue, con pequeños matices, la misma que se aplicó en el caso de Altos Hornos del Mediterráneo (AHM).La presentación del expediente de regulación de empleo para 1.800 trabajadores de Sagunto por parte del INI y la aprobación por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos de los planes para la reconversión de grandes astilleros públicos (los más conflictivos) parecen anunciar ahora una nueva fase en la reconversión industrial. Hay que señalar que el largo conflicto de AHM se ha convertido en un símbolo, cuando el problema que se plantea en Sagunto no es el más grande ni el de peores consecuencias para el empleo. La gran prueba de la reconversión es la del sector naval. Cuando en octubre de 1973 se desencadena la primera crisis del petróleo, todos los astilleros del mundo se tambalean y los Gobiernos se aprestan para arrojar lastre y mantener a flote -en competitividad- la construcción naval. El esquema se basaba en la reducción de la producción y, consecuentemente, en radicales ajustes de sus plantillas. España fue una excepción, y los socialistas se encontraron con que la modernización que en Occidente habían hecho Gabinetes de derechas era una de las principales labores de su legislatura. Durante una década, el temor a las tensiones sociales (en un sector de vanguardia del movimiento sindical y enclavado esencialmente en una empresa pública caracterizada por sus prebendas) y la falta de voluntad política empeoraron la situación de los astilleros, hasta el punto de que una gran parte de éstos pueden considerarse hoy en teórica suspensión de pagos. Por fin, ahora el Ministerio de Industria parece abordar de forma definitiva una cuestión que en el período 1977-1983 costó, por poner un ejemplo, pérdidas de más de 150.000 millones de pesetas.

La división naval del INI tiene el encargo de presentar los planes correspondientes a cada uno de los centros de trabajo, incluyendo el número de trabajadores a los que les será rescindido el contrato. La insistencia del Gobierno en rescindir estos contratos, y no en la simple suspensión de los mismos, puede generar un conflicto de imprevistas consecuencias. Como aviso bastan las continuas manifestaciones y huelgas generales del sector. O mucho nos equivocamos o el Gobierno socialista, con su decisión en este punto, acaba de lanzar el reto más importante de la legislatura frente a las fuerzas sindicales.

Nadie duda de la necesidad que España tiene de llevar a cabo una reconversión industrial en regla si no quiere perder el tren del primer mundo, de la industrialización y de las nuevas tecnologías. Pero este principio no debe hacer olvidar que en la reconversión no se juega sólo, ni principalmente, con cuadros macroeconómicos, ajustes semánticos o contables y porcentajes, sino con el puesto de trabajo de miles de personas. Es obligación de la Administración y del INI negociar con los comités de empresas y con los representantes de los trabajadores hasta la saciedad, de modo que se pueda conseguir el mayor número de bajas por jubilaciones anticipadas e impedir al máximo el número de despidos irreversibles. Las tensiones sobre el déficit público que ello pueda suponer no pueden ser excusa en un Gobierno que se llama de izquierdas.

Por lo demás, el movimiento sindical, sometido a una erosión notable en los últimos años por mor del desempleo, puede encontrar en los anuncios de reconversión su gran oportunidad de renacimiento; pero también ésta puede ser una trampa mortal para él si se lanza a una lucha costosa y larga, al estilo de las grandes huelgas británicas o americanas, que desgaste sus ya escuálidas arcas y castigue las economías familiares de los trabajadores hasta extremos intolerables.

Pensamos que la mejor muestra de voluntad de negociación y de no generar tensiones innecesarias que el Gobierno podría ofrecer es la modificación de las rescisiones definitivas de contratos por las suspensiones temporales. Eso permitiría que los trabajadores excedentes tengan acceso a los fondos de promoción de empleo. Si el Ministerio de Industria se mantiene en sus tesis de rescisión total de los contratos, sería el signo de su escasa confianza en su capacidad para recolocar o, cuando menos, para dar una salida lo menos traumática posible a quienes pierdan el empleo. Aferrándose al despido puro y simple -por muchas promesas de empleo alternativo que pongan en la mesa-, las autoridades de Industria pueden encontrarse con un conflicto de consecuencias insospechables. Pues quien siembra vientos cosecha tempestades.