Los trabajadores con el despido pendiente en Magistratura tendrán asistencia sanitaria

Los trabajadores despedidos que tengan pendiente de resolución demanda por despido improcedente o nulo ante la jurisdicción, laboral seguirán gozando de las prestaciones de la Seguridad Social en tanto se resuelva el mencionado expediente, según una orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social del 14 de septiembre pasado publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado

Esta orden viene a corregir a desasistencia por la Seguridad Social de los trabajadores despedidos y pendientes de resolución y sus beneficiarios al agotarse el plazo de asimilación al alta que establecía el Decreto 2.766 de 1967. A los efectos de la asistencia sanitaria, la nueva orden establece que la situación asimilada a la del alta se iniciará en el momento en que los trabajadores o sus beneficiarios pierdan el derecho como consecuencia de su despido en la empresa en que prestaban sus servicios, y empezará a contar a partir de los 90 días, siempre que hayan cotizado un mínimo de 90 días -en el año.Los trabajadores que quieran acogerse a este derecho deberán presentar ante la correspondiente entidad gestora de la Seguridad Social una certificación expedida por la secretaría de Magistratura de Trabajo ante la que se tramitó la demanda, en la que se haga costar que está pendiente de resolución por despido, improcedente o nulo. Cada 90 días el trabajador deberá presentar otra certificación de Magistratura que asegure la continuidad de la situación de espera.

Cobro indebido

Por otra parte, casi un millar de trabajadores que se beneficiaban del subsidio de desempleo agrario, tendrán que devolver las cantidades cobradas por haberlas recibido indebidamente, según informaron los participantes en una reunión que se celebró en el Gobierno Civil de Jaén para analizar la actuación desarrollada hasta la fecha en las operaciones de control del fraude al desempleo agrícola.Según fuentes del Gobierno Civil, en la reunión se analizaron actas de la inspección de Trabajo, cuyos resultados resaltaban que 963 trabajadores habían cometido fraude de ley en la percepción del subsidio. También se realizaron 95 actas de liquidación de jornadas reales con una liquidación de algo más de dos millones de pesetas. Y se instruyeron 90 expedientes sancionadores a empresas infractoras. En el encuentro se puso de manifiesto que existían censos agrarios "hinchados en algunas localidades de la provincia, como es el caso de Jódar, donde aparecen como demandantes de empleo trabajadores que no acuden cuando se les ofrece colocación.