El Gobierno boliviano, convencido de la existencia de un plan desestabilizador

La PazConvencido de que existe un plan de desestabilización de la democracia boliviana, el Gobierno del presidente Hernán Siles se encuentra en estado de emergencia, pese a que las fuerzas armadas reiteraron su pleno respaldo al régimen legalmente constituido, en momentos en que arrecian los rumores de golpes.

La denuncia de un intento golpista -que iba a estallar el anterior fin de semana- y los persistentes rumores de un probable golpe de Estado, preparado por militares que han sido. desplazados de sus puestos, y apoyado por "fuerzs regresivas" -según denuncias oficiales-, han creado un clima de incertidumbre en la población boliviana.

Portavoces gubernamentales dijeron que el Gobierno se encuentra en estado de emergencia como consecuencia de la "difícil situación" en que vive el país estos días, a raíz del caos sindical, las cada vez más exigentes y desesperadas demandas de mejoras salariales y el permanente cuestionamiento al Gobierno por parte de parlamentarios y sectores de la empresa privada.

El comandante en jefe de las fuerzas armadas, general Alfredo Villarroel, reiteró su pleno respaldo al proceso democrático y al Gobierno constituido a tiempo que rechazó supuestas vinculaciones con movimientos subversivos. "No estamos en esos trajines", dijo al señalar que los militares están ahora dedicados a sus especificas funciones y desarrollan su trabajo "con toda normalidad".

Las mismas fuentes señalaron que las fuerzas armadas, anteriormente promotoras de golpes de Estado, se constituyen ahora "en la única garantía del régimen constitucional". Altos jefes militares dijeron a este periódico que, ante el clima de inquietud que se observa, se han "tomado medidas de precaución", pero no se ha decretado el acuartelamiento.

En los últimos días circularon panfletos clandestinos que instan a los militares a levantarse en armas "antes de que sea tarde" en defensa contra la arremetida cornunista". Las autoridades atribuyeron estos panfletos a la acción desestabilizadora tanto de aquellos ex militares, desplazados a causa de sus vínculos con el tráfico de drogas y su participación en el secuestro presidencial, el 30 de junio, como de la mafia de la droga, que ha sufrido duros golpes en las últimas semanas.

El Gobierno del presidente Siles se ha visto enfrentado al Parlamento, que tiene mayoría opositora, y a la empresa privada, que exige garantías a su derecho a la propiedad y a la vida, así como a la Central Obrera Boliviana, a causa principalmente del incumplimiento de convenios suscritos con los trabajadores.

Por otra parte, a sus 70 años, Juan Lechín continuará a la cabeza de la Central Obrera Boliviana por otros cuatro años (lleva ya 32 años), tras ser reelegido secretario ejecutivo de ese organismo al término del sexto congreso.