El difícil acuerdo

EL GOBIERNO, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Unión General de Trabajadores (UGT) han buscado la manera de eludir el callejón sin salida en el que se hallaban las negociaciones orientadas a suscribir el acuerdo económico y social para 1985-1986. Las pretensiones de Comisiones Obreras (CC OO) de ampliar el abanico de cuestiones negociables más allá del ámbito inicialmente previsto hacían difícil obtener algún progreso en los debates. La fórmula utilizada para conseguir el desbloqueo ha sido delimitar de manera estricta los asuntos incluidos en la agenda y forzar los ritmos de la discusión mediante contactos secretos que preparen la reunión pública de la mesa negociadora, prevista para el próximo martes. Un sistema, todo hay que decirlo, un tanto excluyente para CC OO, por más que ésta adoptara posiciones de difícil aceptación por los otros asistentes al diálogo.Las informaciones (véase EL PAIS de 8 de septiembre) según las cuales el poder ejecutivo, la organización patronal y el sindicato socialista habían trazado ya las líneas generales del futuro pacto apuntaban la inminencia de alguna iniciativa de ese tipo, destinada a impedir que las discrepantes concepciones de CC OO respecto al ámbito del acuerdo dilataran las conversaciones. La circunstancia de que el acuerdo económico y social para 1985-1986 debería ser suscrito, para aspirar a tener efectos tangibles, antes de que el Gobierno envíe los Presupuestos Generales del Estado a las Cortes podía conferir a la actitud de CC OO el aire de una táctica obstruccionista. Pero mantener negociaciones secretas cuando existe una mesa formal de diálogo es una práctica tan condenable como el obstruccionismo al que hacemos referencia.

Por lo demás, los puntos propuestos por CC OO -y separados de la agenda por los restantes interlocutores- cubrían un campo tan amplio que su negociación correspondía más a un programa de gobierno alternativo que a un acuerdo entre la patronal, los sindicatos y el Ejecutivo. Algunas de esas pretensiones invadían el terreno del legislativo y trataban de derogar normas que -como la ley orgánica de Libertad Sindical y las modificaciones del Estatuto de los Trabajadores y de la ley de Protección del Empleo- acaban de ser aprobadas por las Cortes. Ese ambicioso temario también incluía, dentro del ámbito legislativo, una reforma de la Administración pública que trascendiera los límites de la norma recientemente votada por el Parlamento sobre la función pública. Comisiones Obreras defendía igualmente una reforma agraria integral y alteraciones sustanciales en el curso de la reconversión industrial y de la política fiscal del Gobierno socialista, objetivos que sólo el refrendo de una amplia mayoría electoral a un programa daría derecho a imponer.

De la agenda ha quedado también descolgada la fijación de un objetivo numérico de creación de empleo. Tras el fracaso del Gobierno a la hora de cumplir su promesa electoral de crear 800.000 puestos de trabajo, la asunción por el poder ejecutivo de un compromiso del mismo género hubiera sido, desde luego, una ingenuidad. Sin embargo, la sugerencia de CC OO de que las discusiones de la mesa tomaran en cuenta las repercusiones del eventual ingreso de España en la Comunidad Económica Europea (CEE) merece un estudio más detallado y mejor atención por parte de los participantes en el diálogo. Piénsese, por ejemplo, en los efectos inflacionistas que producirá el impuesto sobre el -valor añadido (IVA) en el momento de su implantación. -ya retrasado respecto a las previsiones iniciales del Gobierno-. Es ridículo afrontar un pacto social del tipo que se pretende prescindiendo de la previsión de un acontecimiento tan extraordinario como el ingreso de nuestro país en la Comunidad, que trasformará, también en un corto plazo, aspectos sustanciales de nuestra estructura productiva.

No obstante, la agenda de la negociación fijada por el Gobierno, la CEOE y UGT contiene algunos elementos para que el acuerdo económico y social de 1985-1986 permita mejorar la situación del empleo, crear expectativas para la inversión y reducir las incertidumbres. El desarrollo reglamentario de la reforma del Estatuto de los Trabajadores puede facilitar el acceso al mercado- de trabajo de los jóvenes sin empleo. El programa de inversiones públicas, los incentivos fiscales a la inversión privada, los conciertos del Instituto Nacional del Empleo con los ayuntamientos y las aportaciones del Estado al fondo de solidaridad también tendrán efectos positivos para el empleo. Los compromisos sobre las: alzas salariales, limitados el año pasado al sector público, la política de pensiones y la cobertura de desempleo son materias propias de un acuerdo como el que las partes pretenden alcanzar. La solución del viejo pleito del patrimonio sindical, la participación de los representantes sindicales en la Administración institucional, la reforma de la Seguridad Social y el control de la empresa pública, son igualmente temas idóneos para un consenso de este género.

Aunque el recorte de la agenda pueda contrariar a CC OO, y el procedimiento de conversaciones secretas contraríe las normas de la ética y de la simple educación, esta central no debería sucumbir a la tentación del abandono o del maximalismo, que tan malos resultados, por lo demás, le dio en el pasado. El bien de la economía del país, y de los trabajadores en general, precisa de su participación en las negociaciones y en el acuerdo final.