Un juez de Lérida prohíbe a un diario publicar una carta al director

El juez de Primera Instancia e Instrucción del Juzgado número 3 de Lérida, Juan Francisco Pérez Fortiz, dictó el pasado miércoles una orden prohibiendo la difusión de una carta de un constructor leridano, Roger Puigdevall, dirigida al director del diario Segre. En la carta, el constructor explicaba su versión sobre la construcción de un aparcamiento subterráneo en el centro de la ciudad y de las relaciones que mantenía con la empresa concesionaria del aparcamiento, Leridana de Aparcamientos, SA (LASA).Las obras de este aparcamiento subterráneo se hallan paralizadas desde hace seis meses y han provocado una querella de LASA contra el constructor Puigdevall por los presuntos delitos de apropiación indebida, estafa y falledad en documento público. La empresa constructora había sido declarada recientemente en quiebra.

Los hechos empezaron con la distribución de una carta escrita por Roger Puigdevall a las redacciones de diferentes medios informativos de Lérida. En la misma, el constructor señalaba que las obras habían sido paralizadas por defectos en los planos y se refería al presidente de la empresa concesionaria, Enrique Baraldés, en términos que la justicia consideró "presuntamente injuriosos". Puigdevall mencionaba la relación que existe entre uno de los arquitectos de la obra y el presidente de LASA. Según el texto de la carta, el citado arquitecto mantiene relaciones con fines matrimoniales con una hija del empresario, que además ostenta la presidencia de la Federación de Comercio de Lérida.

Una emisora local difundió a primeras horas de la tarde del miércoles el contenido del escrito, lo que motivó que los directivos de LASA presentaran una denuncia por calumnias contra el constructor. El juez requirió a la policía judicial para que pidiera a los medios informativos la carta. El director de Segre, Carles Revés, se negó a la entrega de la misma si no se pedía por medio de un mandamiento judicial. Posteriormente, se recibió una orden firmada por el juez Juan Francisco Pérez Fortiz en la que se prohibía la publicación del polémico texto, en cumplimiento de la ley 62/78 de Protección de los Derechos Fundamentales de la Persona.