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Carmen de Alvear afirma que la sentencia de la Audiencia Nacional contradice la libre elección de centro

El equipo jurídico de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos estudia la posible apelación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia de la Audiencia Nacional que desestimó el recurso planteado contra una resolución de la Administración que condiciona la concesión de ayudas y becas a los centros de enseñanza privados no subvencionados. La presidenta de dicha confederación, Carmen de Alvear, hizo este anuncio tras expresar su sorpresa por los razonamientos de la sentencia recogidos ayer por EL PAIS y asegurar que la resolución impugnada "viola el derecho a la elección de centro".Con mayor cautela, el vicepresidente de Alianza Popular, José María Ruiz Gallardón, declaró que sólo el Tribunal Constitucional puede interpretar con carácter general el alcance de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución. Valoró la sentencia de la Audiencia Nacional como la resolución de un caso concreto y añadió que el Tribunal Constitucional todavía tiene pendiente el recurso previo de inconstitucionalidad, que interpuso el Grupo Parlamentario Popular contra la ley orgánica del Derecho a la Educación (LODE).

Por su parte, el diputado socialista catalán, Salvador Clotas, declaró que la sentencia "corrobora la interpretación de la Constitución que nosotros hemos reiterado hasta la saciedad en el debate parlamentario sobre la LOD". Clotas agregó que, de acuerdo con la sentencia, "el reconocimiento de la libertad de enseñanza y del derecho a la educación no implica que el dinero público, el dinero de todos los españoles, vaya a financiar centros privados".

Según Carmen de Alvear, el derecho a la libertad de enseñanza "debe significar poder elegir el tipo de educación que se desee y, para eso, necesariamente se tienen que ofrecer medios suficientes a los alumnos que lo soliciten". A propósito de uno de los considerandos de la sentencia, por el que se estima que "en el marco constitucional, el Estado no está obligado a financiar la enseñanza no estatal", Carmen de Alvear manifestó: "enfocado así el derecho a la libertad de enseñanza, sólo quedaría como un privilegio para los alumnos que puedan pagar los colegios, es decir, quedan marginados los alumnos de economías modestas".

Polémica igualdad

En opinión de Carmen de Alvear, resulta también sorprendente la declaración de que la libertad de enseñanza no obliga al Estado a financiar a la enseñanza privada, ya que se vulneraría también el principio de igualdad recogido en los artículos 14 y 9 de la Constitución. La resolución recurrida, sin éxito, por la confederación católica de padres niega becas y ayudas para cursar estudios en centros privados si existen plazas en centros más próximos al alumno y sostenidos con fondos públicos.En relación con la igualdad, la sentencia de la Audiencia Nacional considera que si el propio recurrente valora como "una norma inocua y hasta razonable" la condición de que para conceder la ayuda no exista plaza en un centro docente estatal más próximo, "es evidente que no hay conculcación del principio de igualdad".

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