El Gobierno socialista francés abandona su proyecto de reforma de la enseñanza privada

La denominada guerra escolar, en Francia, parece haber recalado en un remanso, según expresión de todos los especialistas en la materia. Después de la retirada de la ley sobre las relaciones entre el Estado y la enseñanza católica, aprobada en la Asamblea de Diputados por la mayoría socialista, el Gobierno ha acabado por enterrar definitivamente esa normativa. El nuevo ministro de Educación Nacional, Jean Pierre Chevènement, entiende haber dado con el armisticio necesario entre los laicos y los partidarios de la enseñanza privada subvencionada por el Estado con una serie de disposiciones prácticas que, en definitiva, mantienen la ley vigente desde hace un cuarto de siglo y únicamente garantizan un mejor control de los fondos públicos.

Un nuevo mito de la izquierda que llegó al poder en 1981 se hace, así, añicos. Después de tres años de guerra entre el Gobierno, los laicos y los representantes de la enseñanza privada (dos millones de alumnos, lo que representa un 16% del total, y de los que un 93% estudian en colegios religiosos), el Gobierno ha acabado por retirarlo todo y ha empezado de nuevo, y parece que ha acertado, porque las primeras reacciones son todas tirando a positivas.

Servicio unificado y laico

La reforma de la enseñanza privada ha recorrido un largo camino desde que los socialistas accedieron al poder de Estado en mayo de 1981. Una de las grandes reformas del programa del presidente, François Mitterrand, consistía en la creación de un servicio público unificado y laico de la enseñanza. Esto quería decir que la escuela privada, o religiosa en la práctica, acabaría definitivamente en Francia.Inmediatamente comenzaron entre, los responsables las discusiones de la llamada ley Savary, que hace pocos meses fue aprobada y que en junio último Mitterrand tuvo que retirar a la vista del bofetón público y democrático que representaba la manifestación de casi dos millones de ciudadanos, que salieron a la calle en París para protestar contra lo que se consideró como un atentado a la libertad.

Sobrevino después el cambio de primer ministro y de Gobierno. Y uno de los primeros actos históricos del Gabinete Fabius habrá sido el de enterrar la ley Savary para, en suma, anunciar unos decretos, de orden financiero sobre todo, que mantienen la llamada ley Debré, elaborada hace un cuarto de siglo por Michel Debré, ministro del general Charles de Gaulle. En la práctica, esto quiere decir que desaparece todo el sofisticado montaje edificado durante los últimos tres años, que incomodaba a todo el mundo, y únicamente se establecen dos textos complementarios de la ley vigente.

Esos dos textos serán sometidos a la aprobación de las asambleas en el otoño próximo. Afectan a dos aspectos fundamentales de la normativa vigente: en primer lugar, el Estado controlará más estrechamente los gastos de la escuela privada, que antes podía presentar casi arbitrariamente al Estado el debe que quisiera, con la seguridad de que este último pagaba.

Por otra parte, las disposiciones nuevas del Gobierno tienen en cuenta la ley de descentralización del Estado que se está realizando. Quiere esto último decir que se estipula que la enseñanza privada la pagarán los departamentos.

Ahora, los laicos y los privados más empecinados dicen que se ha enfilado la senda del apaciguamiento, aunque nada ha cambiado fundamentalmente. En el plano político, la izquierda se anota una nueva demostración de humildad (como en lo económico ha cambiado porque reconoce haberse equivocado).

Pero hace falta saber si los franceses aprecian el que un Gobierno haya necesitado tres años para darse cuenta de algo que todos sabían de antemano: que tocar a la escuela privada en Francia era como tocar un cable de alta tensión.