Cooperar con Centroamérica

Dieciséis personas forman el primer contingente de técnicos para Centroamérica, con la categoría de expertos-coordinadores; 7 de ellos ya han emprendido viaje, y los demás marchan los días 6 y 10 de este mes. Su misión consiste en realizar un diagnóstico preciso de las necesidades y programar el trabajo de los otros 100 cooperantes, que marcharán en octubre próximo. Costa Rica recibirá 40 técnicos, y Nicaragua y Honduras, 30 cada uno, además de los coordinadores ya mencionados. Un diplomático español, Javier Sandomingo, actuará como consejero de cooperación para Centroamérica, con sede en Costa Rica.La elección de este área se debe al apoyo que el jefe del Ejecutivo español, Felipe González, ha prestado al grupo de Contadora. La solidaridad política se instrumenta a través de una ayuda técnica, que trata de incidir en las raíces de la conflictividad de América Central, donde cerca del 70% de la población vive con ingresos inferiores a los 100 dólares anuales; 120 de cada mil niños nacidos vivos mueren antes de cumplir el año; y de cada 100 personas, 60 no saben leer ni escribir y otras 20 son semianalfabetas. Asimismo se trata de incrementar la presencia de España en la zona, respecto a la de Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea. Los 117 cooperantes constituyen sólo la prímera fase del plan, que se incrementará con 400 más en 1985.

Los planteamientos teóricos tropiezan, sin embargo, con bastantes problemas. El proyecto iniciado por España supone un intento novedoso de aunar las actuaciones de distintos departamentos -Agricultura, Educación, Sanidad, Trabajo, Instituto de Estudios de Administración Local, Instituto de Administración Pública-, coordinados por una oficina instalada en el Instituto de Cooperación Iberoamericana (ICI), contra la costumbre habitual, que era la de realizar proyectos autónomos en cada departamento. También se encuentra en el aire la financiación, hasta el punto de que el plan centroamericano sólo tiene asegurados 150 millones de pesetas, en su mayor parte presupuestados por el ICI, para sufragar los gastos de los meses que restan de 1984.

El compromiso adquirido por España se extiende hacia años sucesivos, por lo que la oficina coordinadora del plan supone que los próximos Presupuestos del Estado recogerán las partidas correspondientes. La viabilidad del proyecto depende también de que los países receptores sufraguen la infraestructura necesaria para el personal español -alojamiento y material de trabajo de los cooperantes-, concepto que los países receptores no se han comprometido a pagar en 1984, alegando problemas presupuestarios. Han adelantado que lo harán en años sucesivos, pero, de momento, los gastos corren a cargo de España.

Todo el plan para América Central se circunscribe al envío de recursos humanos, costeados por el presupuesto público español, y no a la transferencia de ayuda financiera directa. Existen contactos exploratorios para extender el proyecto a El Salvador y Guatemala -éste último en función de que se restablezcan las relaciones diplomáticas-, y en una fase posterior, a algunos países del Pacto Andino.

18 aspirantes por puesto

La convocatoria de plazas para Centroamérica ha proporcionado otro interesante indicio: una masa considerable de profesionales en paro están dispuestos a marcharse del país, aunque sea a regiones del mundo con niveles de vida tan bajos como los de América Central. Cerca de 2.000 personas han optado a los 117 puestos previstos para este año, lo que supone casi 18 aspirantes por plaza, una cifra verdaderamente importante. La selección se basa en el expediente académico, las eventuales experiencias profesionales y la superación de un corto curso de capacitación.A diferencia de las emigraciones de los años 60, el.número de afectados por este éxodo en ciernes ha de ser forzosamente inferior, puesto que se circunscribe a personal cualificado. Su marcha no aliviará de cargas al presupuesto español, que habrá de sufragar los salarios de los que se vayan. El alcance de la operación consiste en que parte de los profesionales sobrantes en España -donde hay, unos 100.000 licenciados y técnicos en paro puedan encontrar trabajo en Latinoamérica, donde falta este personal. Según un estudio realizado en 1982 por el Instituto Italo-Latinoamericano, en cuatro países de Centroamérica fueron detectados 615 puestos de alta cualificación, cuya cobertura se consideraba prioritaria, para los que no existía personal disponible localmente.

El reajuste de la política de cooperación afecta también al tipo de personas que pueden comprometerse en ella. Frente a la opción tradicional de enviar expertos para misiones aisladas, muchos de los cuales hacían las Américas -a juzgar por sus considerables sueldos-, los nuevos proyectos se dirigen a facilitar salidas a licenciados que buscan su primer empleo. Por encima de este nivel se prevé otro, más cualificado, que es el de los expertos-coordinadores.

Precisamente la redefinición del marco administrativo y político de la cooperación española es una fuente de problemas entre el Ministerio de Asuntos Exteriores -que tiene una dirección de cooperación técnica internacional, a cargo de José Luis Rodríguez Pardo- y el Instituto de Cooperación Iberoamericana (ICI), presidido por Luis Yáñez.

El problema de fondo consiste en que, tradicionalmente, la cooperación exterior ha estado dividida en decenas de reductos aislados, en el seno de los más diversos organismos. Frente a esta situación de hecho, el Gobierno se muestra dispuesto a reforzar una estructura única, que coordine a las demás y que se responsabilice no 'sólo de poner en marcha los programas, sino de realizar su seguimiento y de atender a las dificultades que se presenten.

Dado que el 80% de la cooperación exterior de España se dirige a Latinoamérica, el ICI ha dedicado estos últimos años, bajo la presidencia de Luis Yáñez, a reorganizarse para servir como infraestructura básica de dicha tarea. En función de ello elevó al Gobierno un borrador de proyecto dé ley de cooperación, centrado en el aprovechamiento de su propia infraestructura. Sin embargo, el Ministerio de Exteriores -cuyo titular, Fernando Morán, mantiene relaciones intermitentemente tensas con Yáñez- replicó con otro anteproyecto, donde no se menciona al ICI, y en el que se prevé la creación de una unidad administrativa nueva para dichas funciones.

Dos proyectos

Antes de redactar su borrador, el ICI había realizado un inventario de las actividades de cooperación con Latinoamérica desarrolladas por España en el período 1980-1983. Entre otros datos, encontró dos muy curiosos: "en general", dice el documento del ICI, "en la mayoría de los departamentos de la Administración se desconocía el alcance real de su actuación en el área iberoamericana". El segundo dato es que el inventario no permitió cuantificar con exactitud el alcance de la cooperación en el período estudiado, debido a que no existían garantías de que los datos recogidos fueran exhaustivos.Con la base de esta experiencia y del trabajo realizado en otros terrenos, el ICI elaboró su borrador de ley de cooperación, mientras que el Ministerio de Exteriores preparó el suyo. Los principios orientadores de ambos son parecidos puesto que en los dos se desarrolla la filosofía gubernamental de impulso a la cooperación y de coordinación administrativa de la misma; pero contienen diferencias a la hora de establecer responsabilidades e infraestructura.

Para el ICI, el órgano de ejecución debe ser el propio organismo ya existente, con rango de secretaría de Estado -adscrita al Ministerio de Exteriores-, que tendría tres Institutos para la ejecución de programas: Cooperación Iberoamericana, Cooperación Hispano-Árabe y Cooperación Hispano-Africana. Para el Ministerio de Exteriores, sin embargo, parece necesario reorganizar todo el edificio de la cooperación, según se desprende del anteproyecto, en el que se dice que Exteriores elevará al Gobierno "un proyecto de coordinación de los órganos de la Administración del Estado que actualmente llevan a cabo funciones de cooperación internacional, que incluirá, en todo caso, la creación de una unidad especial de cooperación dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores".

Esta situación se produce en el marco de una línea política decidida hacia el impulso de la cooperación. Como puso de manifiesto un reciente informe del Senado, los principales partidos se muestran de acuerdo en aproximar nuestro país al gasto del 0,70% del producto interior bruto (PIB) en ayuda exterior. Éste es el porcentaje recomendado por Naciones Unidas. Actualmente, sólo Noruega y Holanda alcanzan el 1% de su PIB para ayuda al desarrollo; Bélgica, Francia, Dinamarca, Finlandia, Suecia y Australia sobrepasan el 0,50%, y el resto de los países desarrollados, incluidos los Estados Unidos, dedican a dichos fines porcentajes inferiores.