Un 'libro blanco' tratará de estudiar la confusa Administración española destacada en el extranjero

El equipo de trabajo que elabora el libro blanco sobre la Administración del Estado en el exterior, se encontró pronto con una sorpresa: no se sabía con exactitud el coste y el número de las cuotas que España paga por su pertenencia a los organismos internacionales en los que está presente. El hecho de que estas cuotas sean safisfechas por diversos ministerios era la causa del despiste. Pero, en cualquier caso, esta confusa situación parecía menos grave que lo ocurrido pocos meses atrás, cuando el Gobierno confesó desconocer con exactitud el número de funcionarios que trabajaban para la Administración central.

Con vistas a reestructurar la Administración exterior del Estado, el 7 de octubre del año pasado fue promulgada una orden que desarrollaba un acuerdo del Consejo de Ministros del 27 de julio anterior para la elaboración de un libro blanco que sirviera como "diagnóstico". La orden daba un plazo de seis meses, que se cumplió el pasado 7 de abril.Más de un mes después de que finalizara el plazo, el del de mayo, el grupo de trabajo que dirige la elaboración del libro daba, por fin, su aprobación a los cuestionarios, que ahora se están comenzando a recibir en todos los centros que la Administración española posee en el extranjero.

El retraso se debía, además de a la lentitud tradicional de la Administración española, al cese del secretario general técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores, Ramón Villanueva, que fue trasladado a un puesto en el extranjero tras insistir en la necesidad de reestructurar su departamento.

El cese de Villanueva fue precedido el pasado mes de diciembre por una protesta interna de 120 funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores, que trataban de forzar su permanencia y, firmaron un documento en el que afirmaban que "al cumplirse un año de mandato socialista, las expectativas de cambio de gestión administrativa en el ministerio están siendo frustradas".

La comisión interministerial encargada de elaborar el libro blanco está compuesta por altos funcionarios de los diversos departamentos que tienen oficinas en el extranjero o que están directamente implicados en su funcionamiento: Presidencia del Gobierno, Asuntos Exteriores, Economía y Hacienda, Justicia, Defensa, Interior, Educación y Ciencia, Trabajo y Seguridad Social, Agricultura y Pesca, Industria y Energía, Cultura y Transportes, Turismo y Comunicaciones.

Cuestionarios

Los destinatarios de los cuestionarios son variados: desde las cancillerías, consulados y centros y oficinas culturales del Ministerio de Asuntos Exteriores hasta los centros docentes españoles en el extranjero, pasando por las agregadurías de Defensa, oficinas comerciales, oficinas laborales y casas de España, consejerías industriales, oficinas de Agricultura, representaciones de Turismo y oficinas de Información.Los propios cuestionarios son también bastante plurales, y en ellos se pregunta sobre instalaciones, presupuestos, nivel de equipamiento, número y nacionalidad de las personas que trabajan en los diversos centros, y grados de satisfacción.

Se desciende incluso al detalle de preguntar cuántas máquinas de escribir o calculadoras de mesa se poseen y en qué estado se encuentran. El hecho de que cada ministerio tenga inventarios de las diversas instalaciones que mantiene en el extranjero no ha bastado.

Según afirmaba un alto funcionario que pertenece al grupo de trabajo que elabora el libro franco, los datos que se obtengan una vez que hayan sido cumplimen tados los cuestionarios se cruzarán con los que ya se poseen, no sólo porque se crea que éstos se hallan desfasados, sino porque se sospecha que en ocasiones, y a falta de respuestas rápidas por parte de la Administración central, se utilizan partidas presupuestarias para fines distintos a los que inicialmente estaban destinadas.

Un 'libro' para poner orden

El libro blanco, una vez que esté finalizado -previsiblemente, a finales de este año-, servirá de base para elaborar una nueva ley del Servicio Exterior, que tratará de poner orden en las actividades y homologar a sus funcionarios.Desde que el Consejo de Ministros decidió hace un año iniciar el "diagnóstico" sobre las representaciones de España en el extranjero, se han sucedido una serie de incidentes que han complicado aún más la situación: los celos entre los diversos cuerpos de la Administración han provocado retrasos en la elaboración de una ley de Cooperación Internacional que ordene los 5.000 millones de pesetas anuales (sin contar los destinados a Guinea Ecuatorial) que 100 organismos de la Administración española destinan a este tipo de fines.

Es previsible que algo similar ocurra con la ley del Servicio Exterior, según coinciden en pronosticar tanto fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores como de la Presidencia del Gobierno.

Desconfianza hacia Exteriores

La desconfianza que los demás ministerios tienen de la eficacia de las embajadas españolas en el extranjero lleva a hacerles pensar en la necesidad de organizar sus relaciones internacionales por su cuenta, afimaba esta semana a EL PAIS un alto funcionario de Presidencia. De este modo, las representaciones de España en el exterior tienden a ser aún más centrífugas de lo que actualmente son.Conscientes de estos problemas, dos altos responsables de Exteriores coincidían en sus reflexiones en privado, días atrás, sobre la necesidad de cambiar lo antes posible los criterios mediante los que se cubren las plazas vacantes de funcionarios diplomáticos; al menos, en lo que afecta a los primeros escalones de las embajadas (ministros consejeros) y a los cónsules generales, puestos que recaen siempre en diplomáticos veteranos, pero no forzosamente entusiasmados con sus trabajos, ni eficaces, ni de acuerdo con el actual marco político y constitucional español.

En este sentido, fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores recordaban esta semana cómo todos los altos cargos de ese departamento (a excepción únicamente de un director general, e incluyendo al ministro) se encuentran situados, cuando menos, en la segunda mitad del escalafón (del rango, de ministro de segunda para abajo), y tienen por delante a más de medio centenar de funcionarios lo que podrían interpretarse como un argumento más para demostrar que la veteranía no es precisamente una garantía de eficacia.

La antigüedad, como criterio

El hecho de que la junta de la Carrera insista en considerar el grado en el escalafón, determinado básicamente por la veteranía, como el criterio más objetivo para tener acceso a los puestos más importantes de la diplomacia española en el exterior llevará al Ministerio de Asuntos Exteriores a crear un nuevo sistema que modifique el anterior, introduciendo un sistema de ternas entre las que el ministro tendría que elegir al candidato más idóneo, afirmaba hace pocos días un alto funcionario de este departamento. De esta manera se volvería al funcionamiento existente hasta marzo de 1978."Las embajadas marchan exclusivamente al ritmo que les marca el embajador, y su eficacia se resiente en función de quién ocupe el cargo", se quejaba días atrás otro alto funcionario de Exteriores. Esta fuente lamentaba también la escasa renovación en estos puestos, que dependen sólo de la voluntad del ministro de Exteriores y de la orden posterior del Consejo de Ministros.

Mientras llegan las reformas, los embajadores siguen siendo los únicos altos funcionarios españoles que no pueden escoger a ninguno de sus colaboradores más inmediatos, que les son impuestos por el bombo (el sistema de designación de puestos, vigente desde 1978, por el cual una junta de carrera elegida por los diversos grados del escalafón decide quiénes irán a ocupar las vacantes, en función, principalmente, de la antigüedad).

El respeto a las reglas no escritas lleva incluso a muchos embajadores a dar el visto bueno, aunque no estén de acuerdo, a aquellos funcionarios diplomáticos que piden prórroga extraordinaria en sus destinos.