Los riesgos de la sobreexplotación

El titular del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU), Julián Campo, justifica los dos puntos más polémicos de la la futura ley de Aguas -el control del Estado sobre todas las aguas del territorio nacional, tanto superficiales como subterráneas, y la supremacía del criterio del Estado a la hora de definir el aprovechamiento de Ias cuencas de las comunidades autónomas- alegando que España corre un elevado riesgo de desertización en numerosas zonas que ahora son de regadío -por lo que el agua debe estar bajo control del Estado- y en que el agua es un recurso "único", forma parte de un sólo "ciclo hidrológico" y, en consecuencia, a finales del siglo XX no se puede distinguir entre aguas superficiales y aguas del subsuelo.Casi todas las islas, mayores y menores; los deltas de los ríos catalanes, prácticamente la totalidad del litoral de Levante, las cuencas del Júcar y del Segura y La Mancha meridional son las zonas que el MOPU tiene señaladas en estado de alerta por las consecuencias que se derivarán si continúa la sobreexplotación de sus pozos de riego. En todas estas áreas, asegura un informe oficial del MOPU, las aguas subterráneas suponen la mayor parte de las reservas, y los agricultores "hacen pozos muy rentables y apenas se aperciben de que están rebajando la capa freática, de que se restan unos agua a otros y se detraen las aguas superficiales". La salinización de litoral, la desertización "en menos de 15 años, asegura el ministro, y la contaminación de las aguas subterráneas son consecuencia negativas de esta práctica.