La oposición conservadora califica de "peligrosísima" la nueva ley de aguas, mientras el Gobierno busca el consenso

El proyecto de ley de Aguas que el Gobierno intenta consensuar con partidos políticos y sectores afectados puede convertirse en la ley más polémica del próximo otoño, si el Grupo Popular mantiene su actitud de oposición frontal al proyecto. El ministro de Obras Públicas y Urbanismo, Julián Campo, manifestó a este periódico que "esta ley es de tal trascendencia nacional que tiene que sobrepasar los intereses de un partido concreto o de un Gobierno coyuntural. Es una cuestión de Estado, y como tal pretendemos aprobarla con el acuerdo de todos los partidos políticos y los sectores sociales afectados". Sin embargo, el jefe de la oposición conservadora, Manuel Fraga, ha adelantado que se trata de "una ley peligrosísima", y en Alianza Popular no se oculta que bien podría suscitar una oposición como la que en su día tuvo la ley más contestada del Gobierno, la de Educación.

En la conferencia de prensa que Manuel Fraga convocó recientemente para enjuiciar el segundo curso político del Gobierno socialista, el líder de la oposición calificó la ley de Aguas como "una ley peligrosísima", y la situó entre las más "socializantes" del actual Gabinete de Felipe González. El ministro de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU), Julián Campo, se ha entrevistado varias veces con Manuel Fraga, con el lendakari vasco, Carlos Garaicoetxea y con el presidente catalán, Jordi Pujol. Campo, que considera la ley como "absolutamente necesaria" y "una cuestión de Estado", confía en llegar a un acuerdo con la oposición y convertir este proyecto en la primera ley que se aprueba por consenso desde la constitución del Gabinete socialista.Hay tres aspectos en el anteproyecto de ley de Aguas, sin embargo, que están dificultando notablemente el acuerdo con los grupos parlamentarios de la oposición. Se trata de la nacionalización de las agua subterráneas que superen los 3.000 metros cúbicos de caudal al año; del control público de las mismas, y de las competencias que corresponden al Estado y las que corresponden a los Gobiernos autónomos sobre su aprovechamiento y distribución.

La ley vigente en la actualidad, que data de 1897, significó una revolución en su tiempo. Declaró propiedad del Estado todas las aguas superficiales y mantuvo como propiedad privada las subterráneas. El proyecto de ley que ha elaborado ahora el Gobierno va un paso más allá y nacionaliza el agua del subsuelo español. Esta medida afectará a medio millón de pozos de riego cuyos propietarios van a tener que solicitar al Gobierno la concesión para el aprovechamiento del agua subterránea, el "permiso" para poder extraer la cantidad de agua que el Gobierno determine y el pago de un canon al Estado (aún no cuantificado) como propietario de la misma.

Lo que la oposición conservadora califica como "nacionalización de los pozos de riego" ha levantado no pocas suspicacias entre los afectados, sobre todo las asociaciones de regantes de la zona de la Comunidad Valenciana, donde está ubicada la inmensa mayoría de esos 500.000 pozos registrados. El peligro de burocratización y el freno a la iniciativa privada que, al menos en esa zona española, ha dado hasta ahora magníficos resultados, son los dos puntos claves que centran el recelo de los regantes. El Gobierno, sin embargo, insiste una y otra vez en que no se van a nacionalizar los pozos de riego, sino el agua de los rnismos. La propiedad de los pozos seguirá siendo privada y las inversiones que se efectúen en ellos correrán por cuenta de sus propietarios.

El conflicto puede surgir por la sobrexplotación de los pozos, es decir, cuando el Gobierno estime que no pueda extraerse de los pozos más que una cantidad determinada de metros cúbicos de agua y los propietarios necesiten sacar más para poder atender el riego.

En estos casos primará el criterio estatal, y, si el propietario del pozo hace caso omiso de las directrices gubernamentales, se procederá a la expropiación forzosa sin derecho a indemnización.

"La normativa legal", dice textualmente un estudio efectuado por expertos del MOPU, "se debe preocupar fundamentalmente de regular la explotación más que de los posibles derechos del propietario del suelo, sin perjuicio de que éstos sean respetados de la mejor manera posible, mediante un adecuado régimen transitorio". Este régimen trasitorio se contempla en el anteproyecto de ley -que será aprobado por el Consejo de Ministros a la vuelta del verano- y significa que, en principio, los propietarios de los pozos que pidan la concesión del agua al Gobierno verán esta concesión renovada automáticamente por un período de 75 años, según señaló el titular de Obras Públicas, Julián Campo.

El anteproyecto de ley de Aguas establece asimismo tres causas para que se extinga el "derecho a uso privado de las aguas subterráneas": término del plazo de concesión, renuncia expresa del concesionario y expropiación forzosa. Este último supuesto se aplicará cuando el pozo esté enclavado en una cuenca que el Gobierno declare sobreexplotada, en casos de "sequía excepcional", si el Plan Hidrológico así lo aconseja -en estos dos supuestos el propietario tendrá derecho a indemnización-, si el concesionario no cumple las normativas de explotación -por ejemplo si extrae más agua de la permitida o si le da un uso contrario al inicialmente solicitado-, y, finalmente, si durante tres años consecutivos se interrumpe la explotación.