El Gobierno debe intervenir

LOS PILOTOS de la compañía Iberia llevan más de tres semanas de huelga, y por fin el Gobierno ha hecho una toma de posición que estaba siendo necesaria, aun cuando habría que advertir que puede no ser suficiente. Teniendo en cuenta que la compañía es una empresa nacionalizada, que pertenece al INI y que perdió en el último ejercicio 30.000 millones de pesetas, que habrán de pagar -junto a las cargas financieras- todos los es pañoles, merece la pena señalar que es imposible para el poder político suponer que ésta es una cuestión privada entre la compañía y los pilotos. Nos parece bien la posición gubernamental de no realizar un arbitraje en algo en lo que de manera alguna puede ser árbitro, pues en realidad es una de las partes en conflicto. Nos parece mal, en cambio, la excesiva prudencia del Ejecutivo -ayer matizada por vez primera- a la hora de dar la cara como es debido contra una huelga inadmisible que está irritando con sobrada razón a la opinión pública. A este respecto merece la pena recapacitar sobre algunos puntos.En primer lugar destaca la situación financiera de la empresa, que es técnicamente de quiebra, dígase lo que se diga. Al margen las responsabilidades exigibles al actual presidente y a los que le precedieron -algunos emboscados todavía en la empresa pública- por tan fabuloso desaguisado, algo hay que decir a los empleados y sindicatos: en circunstancias normales, una empresa como Iberia está destinada al cierre y a la liquidación. Incluso para ser vendida, si no quisiera cerrar, tendría que abordar un plan de reconversión que disminuyera gastos, notablemente en el personal, lo mismo reduciendo puestos de trabajo que aminorando el crecimiento o congelando los salarios; al mismo tiempo que tendrían que desaparecer todas las alegrías de gestión y bajas de productividad. Si Iberia no ha suspendido pagos todavía no es porque técnicamente no deba hacerlo, sino porque está en juego la fiabilidad del Estado español frente al crédito exterior, y precisamente por eso sus circunstancias no son normales: se beneficia de unas fuentes de financiación extraordinarias y privilegiadas que son vedadas a muchas empresas privadas en dificultades, cuyos trabajadores contribuyen además a pagar las pérdidas de la propia Iberia. Por lo mismo, es un abuso y una inmoralidad dar la espalda a este hecho de que los trabajadores de Iberia -y más aún los mejor pagados- están en deuda, y deben ser conscientes de ello, con todos los españoles.

Sin embargo, los españoles reciben un trato detestable por parte de Iberia cuando se convierten en clientes de ella. No decimos que no haya excepciones, pero las excepciones confirman la regla: es detestable el servicio en tierra y en aire. Es detestable la poca atención de las tripulaciones a los pasajeros. Es detestable la permanente falta de información. Es detestable la informalidad horaria y el servicio de aeropuertos. Mantener todas estas cosas -detestables nos cuesta 30.000 millones de pesetas al año.

Hay un cuerpo de elite en Iberia, como en toda compañía aérea, que son los pilotos. Los pilotos españoles tienen una particularidad: proceden en su mayor parte de academias militares, y muchos de ellos son militares en comisión de servicio, cosa que, final y felizmente, ha recordado ayer el Gobierno. Eso puede explicar, pero no justifica, actitudes un tanto abruptas en los aviones. Insistimos en que también hay excepciones: confirman la regla.

Los pilotos son, al parecer, pocos para el nivel operativo de la compañía, y hacen más horas de vuelo que la media de los pilotos de los países desarrollados. Tienen, por otra parte, sueldos superiores a los de los ministros de este país y tienden a prolongarse en sagas familiares, a través de nuevos pilotos, auxiliares, azafatas y demás, en la propia compañía. Inciaron una huelga reclamando menos horas de vuelo por razones de seguridad: ahora están dispuestos a volver al trabajo sin insistir en esta condición. Si los aviones de Iberia son inseguros porque sus pilotos vuelan demasiado, es inmoral que éstos lo hagan en algún caso, y la dirección de la compañía tiene que tomar medidas inmediatas. Pero cualquier ampliación de plantilla en este terreno tiene lógicamente que suponer un mayor motivo para la congelación y aun para la reducción salarial en una empresa que pierde 30.000 millones; y precisamente en aquel colectivo de la empresa mejor pagado y que, tiene que ser ampliado. Somos los españoles, no el INI, los que pagamos las nóminas de los pilotos huelguistas: los españoles todos, no sólo quienes utilizan los servicios de la compañía.

Otros pilotos, ante la designación legal durante la huelga de unos servicios mínimos, se han dedicado a hacer la guerra por su cuenta. Sobre la huelga en sí añaden otra de celo y provocan retrasos interminables en los pocos vuelos que salen. No es infrecuente la noticia de que un avión del puente Barcelona-Madrid regresa a la Ciudad Condal cuando se encuentra a la altura de Zaragoza, "por avería en uno de los motores". Son tantos los aviones -pese a que ahora vuelen tan poco- que se averían en este trayecto, que volar en Iberia comienza a dejar de ser un martirio y una ofensa, para convertirse en una aventura. Pero, si ya eran impopulares estos huelguistas millonarios que han olvidado su condición de trabajadores para una compañía comercial, de servicio público y en régimen de monopolio, ahora lo son mucho más. Ni una lágrima de un ciudadano y sí muchas sonrisas se producen cada vez que la compañía despide a uno de estos pilotos capaces de hacer perder negocios, retrasar encuentros familiares, acortar las vacaciones y provocar infartos de miedo sin la más mínima consideración respecto a los ciudadanos.

Esta huelga ofende a la convivencia nacional. Y por eso no se puede olvidar que es el Gobierno en definitiva el que manda en Iberia: el Gobierno es quien pone y quita al presidente del INI y al de la compañía, quien autoriza las tarifas y las líneas, quien financia los créditos, quien forma a la mayoría de los pilotos, quien administra las pérdidas y quien aprueba presupuestos extraordinarios, con la garantía del Estado, para hacer reflotar tanta miseria. Cualquier ciego vería que ésta es una huelga contra el Gobierno, pese a las negativas que des de el sindicato de pilotos se han hecho en este sentido. Por eso el Gobierno debe intervenir, no como un árbitro entre dos partes iguales, sino como un Gobierno democrático que ve naufragar los derechos de muchos ante la agresión de los privilegios de unos pocos. Los pilotos de Iberia han lanzado un reto al Estado. El Estado tiene medios para encontrar soluciones alternativas que garanticen el transporte aéreo en este país. Y no hay motivos para que ceda un ápice ante lo que, para la opinión pública, para la razón decente y para los derechos de los españoles es una huelga injusta.