El Papa pide oraciones por la Iglesia en Nicaragua tras la expulsión de 10 religiosos

Sergio Ramírez, miembro de la Junta de Reconstrucción de Nicaragua, manifestó ayer en Caracas en relación con la expulsión, el pasado lunes, de 10 religiosos extranjeros (cuatro de ellos españoles) del país centroamericano que "los sacerdotes tienen plena garantía para participar en manifestaciones, siempre que sean nicaragüenses". Mientras el arzobispo de Managua, Miguel Obando y Bravo, calificaba la medida gubernamental de represalia, el Papa llamaba en Roma a "rezar por la Iglesia en Nicaragua" en esta "prueba que se añade a las ya padecidas" y que es "abiertamente dañina para la Iglesia".

Al final de la audiencia general celebrada ayer en la plaza de San Pedro, Juan Pablo II invitó a los presentes a "rezar por la Iglesia en Nicaragua, que ha experimentado en los últimos días un acontecimiento doloroso y particularmente grave, que se añade a las pruebas ya padecidas: 10 sacerdotes han sido inesperadamente alejados del país", informa Efe."Pido al Señor", prosiguió el Pontífice, "que ilumine los espíritus de los responsables para que tengan a bien abrogar esa decisión, abiertamente dañina para la Iglesia y las necesidades del pueblo católico de Nicaragua".

El Gobierno nicaragüense, sin embargo, no parece dispuesto a retractarse de su decisión del lunes de expulsar a los 10 religiosos, cuatro de los cuales participaron ese mismo día en una manifestación de apoyo al sacerdote Luis Amado Peña, a quien el Gobierno atribuye actividades en favor del grupo guerrillero somocista Frente Democrático Nicaragüense.

Managua acusa a los expulsados de realizar "una intensa labor política contraria al Gobierno de reconstrucción" nacional" y de ser "partícipes de planes destinados a provocar un enfrentamiento entre la Iglesia católica y la revolución popular sandinista", según un comunicado de la Embajada de Nicaragua en Costa Rica.

Sergio Ramírez declaró ayer en Carracas que este incidente es producto del comienzo de la campaña electoral, en la que los ánimos se caldean y en la que algunos sacerdotes toman actitudes políticas. "Eso no lo reprochamos", dijo, "porque los sacerdotes tienen plena garantía para hacer demostraciones políticas y participar en manifestaciones, siempre que sean nicaragüenses".

El sacerdote canadiense Benito Laplante, el último de los 10 religiosos en abandonar el país, salió ayer de la nunciatura apostólica en Managua camino de San José de Costa Rica, donde se reunió con los otros nueve expulsados: cuatro españoles -el escolapio Vicente Caudell, el jesuita Santiago de Anitua, el capuchino Francesc Castells y el sacerdote Francisco San Martín-, dos costarricenses, dos italianos y un panameño.

Contra la libertad

Para Francesc Castells, con quien ayer habló telefónicamente desde Barcelona Conxa Rodriguez, la expulsión es "una represalia del Gobierno revolucionario contra los sacerdotes, contra la figura del sacerdote que es el que anuncia la paz y la libertad en Nicaragua". El capuchino, que no participó en la manifestación, cree que su expulsión se debe a que la marcha de solidaridad con Amado Peña partió de la iglesia que él regía en Monte Tabor, a 15 kilómetros de Managua.El religioso catalán, de 54 años de edad, con 20 de misión en Latinoamérica y 16 en Nicaragua, cree que "el régimen político di Nicaragua es de tendencia marxista-comunista y está dirigido por Cuba y la URSS. Pero lo peor es que está muy cerrado en sí mismo y no dialoga con los restantes sectores de la población. Actualmente, las relaciones con la Iglesia son muy tensas".

En Nicaragua la Prensa independiente no ha podido informar de la expulsión de los religisosos por expresa prohibición gubernamental. El diario La Prensa, que iba a dedicar casi toda su primera página al suceso, con fotos y el titular Se fueron con la ropa que tenían puesta, optó por no salir a la calle para protestar contra "la excesiva censura", según su codirector Pedro Joaquín Chamorro.

Para el portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Alan Romberg, la expulsión de los 10 religiosos no es más que la última de "una larga serie de vejaciones e intimidaciones contra la Iglesia católica por parte de los sandinistas, entre las que hay que incluir los insultos que recibió el Papa en marzo de 1983", con motivo de su viaje a Centroamérica, señala Reuter.