La tortura y EL PAÍS

Presentar la cuestión de la tortura en el Estado español como algo separado del propio Estado, tal como recogía EL PAÍS en el editorial del 2 de julio, sólo puede tener dos motivos: ignorar el hecho o tener miedo a las consecuencias que traería para un periódico enmarcar este fenómeno en la dinámica represiva del Estado. Y enmarcar significa responsabilizar directamente al Gobierno por sus leyes y planes, que son mucho más represivos que los precedentes. Puestos a comparar, la nueva legislación antiterrorista recuerda a la que se formuló durante el nazismo en Alemania, según ha denunciado la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Barcelona.Ya no es cuestión de anunciar que la tortura, como se hacía en el citado artículo, corresponde "a un fenómeno residual de un pasado muy próximo" o que se tiene que "reforzar la ley contra esos abusos criminales", pues su práctica no es motivada por residuos de un pasado ni por abusos de unos cuantos. La tortura, al amparo de las sucesivas legislaciones antiterroristas, se ha ido perfeccionando y sofisticando recogiendo las experiencias de su práctica durante el franquismo y añadiéndole la práctica internacional en esta materia, práctica avanzada en países como Suiza, Alemania e Israel, con lo que nos encontramos que a la paliza brutal que te podían endosar las fuerzas policiales en época de Franco se le añaden ahora los más refinados -y no por ello menos criminales- métodos de tortura blanca, psicológica, etcétera. Pero siempre teniendo claro que a tal situación no se hubiera llegado sin la protección y apoyo desde el poder.-