Interpol acepta 95 órdenes de busca y captura contra núembros de ETA

, Madrid - 08 jul 1984 - 00:00CEST

Interpol ha aceptado formalmente 95 órdenes de busca y captura de otros tantos miembros de ETA presuntamente implicados en hechos delictivos, que han sido cursadas en los últimos meses por las autoridades judiciales españolas. En estos momentos la policía francesa tiene ya orden firme de búsqueda de 50 de estos etarras. Las tres detenciones practicadas el jueves y viernes pasados se corresponden con esta nueva estrategia, en la que los representantes del Ministerio del Interior español tienen depositadas grandes esperanzas, ya que representa la aceptación internacional del carácter de delincuentes comunes de los miembros de la organización terrorista.

Desde finales del año pasado la Comisaría General de Información ha estado elaborando unas listas de miembros de las dos ramas de ETA y de los Comandos Autónomos Anticapitalistas, que se han traducido en unos listados que contenían 300 nombres de terroristas, que fueron entregados a los representantes del Gobierno. francés. En paralelo se comenzaron a desarrollar gestiones para que; laorganización Interpol, que sólo entiende de delitos comunes, aceptase incluir entre sus requisitorias los nombres de los activistas sobre los que existiesen sospechas fundadas de participación en delitos incluidos en los ordenamientos penales generalmente aceptados en la comunidad internacional.José Barrionuevo, titular del departamento del Interior en el Gabinete de Felipe González, inició las gestiones, en el último trimestre del año pasado, para superar la tradicional negativa de Interpol a interesarse por los delitos cometidos por los etarras. Fue durante el largo secuestro del financiero Diego Prado cuando el ministerio se planteó esta acción. Para ello hacía falta que fueran los medios judiciales españoles quienes cursaran las requisitorias, apoyándose en la supuesta comisión de delitos comunes y no en la pertenencia a bandas armadas amparadas en una hipotética ideología revolucionaria de estos etarras. Estas gestiones comenzaron a cristalizar el pasado mes de abril, y sus primeros resultados han sido las detenciones de José Miguel Galdos Oronoz, Ángel Castrillo Alcalde y José Carlos García Ramírez, registradas el jueves y viernes pasados en territorio francés.

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300 nombres

Las detenciones de 'etarras' a través de Interpol demuestran el espíritu colaborador francés, según el Ministerio del Interior

Por ello, la nueva estrategia según la cual no se reclama a los terroristas por su pertenencia a cualquiera de las ramas de ETA, sino por haber cometido delitos comunes conforme a las normas de derecho internacional universalmente aceptadas, está dando, al menos inicialmente, unos resultados bastante más satisfactorios que los planteamientos anteriores.De la lista de 300 nombres que ha facilitado el Ministerio del Interior a las autoridades judiciales españolas, éstas han cursado ya orden de busca y captura a la Interpol de 95, de los cuales al menos un 30% están supuestamente .implicados en asesinatos. Entre estos 95 nombres figuran los de los; 66 integrantes de los comités ejecutivos de ETA Militar, ETA Político-militar VIII Asamblea y los Comandos Autónomos Anticapitalistas. Además se incluyen las filiaciones de los supuestos implicados en algunas de las acciones recientes más destacadas de estas organizaciones, tales como el secuestro de Diego Prado y Colón de Carvajal y el asesinato del senador socialista y cabeza de lista por este partido en Guipúzcoa en las últimas elecciones autonómicas, Enrique Casas. Estas requisitorias a los organismos internacionales de policía han sido, en su mayor parte, cursadas por la Audiencia Nacional española, aunque existen otros casos en que las órdenes de busca y captura han sido emitidas por los jueces instructores de los correspondientes sumarios, e incluso por los fiscales.

La Interpol, una vez recibidas y aceptadas en firme estas requisitorias en su sede central de París, las traspasa a las autoridades judiciales francesas, quienes a su vez, y caso de considerarlas oportunas, como parece haber ocurrido ya en unos 50 casos, las trasladan a su policía con la orden de su ejecución. Una vez detenidos los presuntos etarras, corresponde al poder judicial francés determinar la existencia de indicios razonables de culpabilidad, según las demandas españolas, y, en el caso de resultar inculpatorio su dictamen, es al Gobierno francés a quien corresponde autorizar la extradición.

Bajo esta conceptuación de delicuentes comunes ya habían sido perseguidos por Interpol terroristas pertenecientes a las Brigadas Rojas italianas y a la Baader-Meinhof alemana.

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