El presidente de Guatemala reconoce la responsabilidad moral, pero no pecuniaria, del asalto a la Embajada española en 1980

El Gobierno guatemalteco está dispuesto a reconocer su responsabilidad moral en el asalto a la Embajada española, que se saldó con 38 muertos, el 31 de enero de 1980, pero no a indemnizar a las víctimas. Esto declaró el martes en una conferencia de prensa el presidente, general Oscar Mejía Víctores, que admitía así por primera vez la culpabilidad de las autoridades guatemaltecas en el suceso. El general manifestó que la llegada al poder de un Gobierno civil puede contribuir favorablemente a la reanudación de relaciones diplomáticas entre los dos países, aunque añadió que el actual Ejecutivo ha hecho esfuerzos en este sentido, sosteniendo conversaciones bilaterales en París, Nueva York y Bogotá. "Pero mi Gobierno no quiere responsabilizarse pecuniariamente de aquellas acciones".

"Nosotros no rompimos relaciones", añadió, "fue España quien las rompió. Ahí estaría el asunto. Si el partido que llegue al Gobierno aceptara las, condiciones españolas y el reconocimiento de la culpa, las Fuerzas Armadas estarían de acuerdo". Como una idea recurrente, Mejía Víctores repitió al menos en cuatro ocasiones que su Gobierno no tiene intención de aceptar responsabilidades pecuniarias para restablecer relaciones con España. A título de justificación, vino a decir que fue otro Ejecutivo el culpable.Vinicio Cerezo, líder del partido triunfador en las elecciones del domingo, ha manifestado que él está dispuesto a cerrar definitivamente este capítulo reconociendo la responsabilidad guatemalteca. Al informarle de esto, Mejía Víctores contestó: "Si Cerezo quiere pagar con las contribuciones del pueblo de Guatemala, será cosa de él".

Se le replicó que la posición española no pone tanto énfasis en las indemnizaciones como en las responsabilidades de índole moral. "La índole moral y ética se me puede mencionar", dijo, "pero uno de los puntos (de la reclamación española) dice que hay que pagar". A título de corolario añadió: "Responsabilidad moral, sí, pero pecuniaria, no". De esta forma, el actual Gobierno militar de Guatemala parece haber convertido el asalto a la Embajada española, con sus 38 víctimas, en una cuestión de dinero.

Mejía Víctores se presentó en la conferencia de prensa como "presidente de un Gobierno militar de facto, que propicia la vuelta a la constitucionalidad". Sobre este punto, el líder de la Democracia Cristiana, Vinicio Cerezo, hace el siguiente análisis: "No hay que pensar que el Ejército se ha vuelto demócrata porque el Espíritu Santo le haya pasado por encima. Ha tomado una decisión estratégica por mayoría para llevar al país a la democracia. Es una decisión, por tanto, reversible".

"Lo que hay que hacer ahora", añade Cerezo, "es meter al Ejército en el paquete democrático, y en la medida en que se avance por este sendero la vuelta atrás será más difícil. Esto no significa que vayamos a negociar con el Ejército, porque eso sería aceptar un chantaje, pero sí vamos a dialogar El avance democrático permitirá también controlar la violencia".

Mejía Víctores negó que haya violaciones de derechos humanos en el país. "Desde hace rato que no las hay". Las denuncias que se presentan son, a su juicio, chismes sin fundamento ni pruebas, y los desaparecidos, fruto de la inestabilidad de la juventud. "Se investigan casi todos los casos de desaparecidos", dijo, "pero resulta que a muchos les gusta viajar y a veces regresan con otros nombres. En todos los países, la juventud se va de sus casas y está fuera mucho tiempo. Es cosa de la época".

Calificó al Ejército guatemalteco como eminentemente profesional. "Solo, sin la ayuda de nadie, ha acabado con la guerrilla y ha devuelto la paz a los guatemaltecos a costa de la sangre de muchos oficiales y soldados". Reconoció que hubo en esta guerra "muchas muertes de personas inocentes que nada tenían que ver", pero en cierta manera las justificó por la eliminación de quienes sí estaban involucrados en la insurgencia.

Las ambiciones personales y la presión de los partidos fueron las causas de que algunos militares se metieran en actividades políticas, "pero ya no hay nada de eso. Desde la cabeza del Ejército, que yo represento sin ninguna ambición personal, hasta los comandantes y todos los oficiales, nadie tiene ninguna ambición política".

Los partidos centristas, que en la recta final del escrutinio se consolidan como triunfadores, con la Democracia Cristiana en primer lugar y la Unión del Centro Nacional en. segundo, tienen ahora la palabra, aunque nadie quiere poner en peligro la incipiente democracia enfrentándose abiertamente al Ejército. El primer pulso vendrá con la legalización de los comunistas. Mejía adelantó que el Ejército no se opondrá a su actividad política "si es constitucional".