Los militares republicanos, divididos a causa del proyecto de ley que regula sus pensiones

Los militares de la República que ingresaron en las Fuerzas Armadas con posterioridad al 18 de julio de 1936, así como los carabineros de la República, han mostrado estos días claras diferencias de criterios al valorar el proyecto de ley de pensiones concedidas a ambos colectivos, aprobado el pasado día 27 por el Congreso de los Diputados. La ley afectará a unas 20.000 personas, con una edad media superior a los 70 años.Luis Roldán, abogado de la Asociación de Aviadores de la República (ADAR) -tiene más de 1.000 afiliados-, calificó el proyecto de "arbitrario, simplista e ingenuo". Sin embargo, Antonio Beltrán, presidente de Fraternidad Democrática de Militares de la República -unos 3.000 afiliados-, se mostró satisfecho por la aprobación del proyecto, "porque al menos ahora ya tenemos una base jurídica para seguir luchando". Entre los carabineros "hay división de opiniones" según dijo un portavoz de sus organizaciones.

La ley prevé el reconocimiento "de los servicios prestados" pero no de los grados o empleos que tenían en el momento de acabar la guerra civil española. En anteriores proyectos manejados por el Gobierno se les reconocían los grados o empleos, aunque con carácter honorífico. Igualmente, el proyecto fija como pensión para los militares republicanos la mínima de la Seguridad Social. Los afectados, no obstante, temen que estas pensiones sean finalmente incompatibles con cualquier otro tipo de ingresos que puedan tener.

El propio ministro de Defensa, Narcís Serra, comentó recientemente que se opone a que se les reconozca el grado a estos militares que ingresaron en las Fuerzas Armadas después del 18 de julio de 1936, ya que, según dijo, entiende que la frontera para ese reconocimiento se encuentra en la "profesionalidad", y la mayoría de esos militares son "militares en guerra", pero no profesionales de las Fuerzas Armadas.

Problema político

Luis Roldán ya presentó hace meses el problema ante la Comisión Europea de Derechos Humanos, que admitió el recurso. Esa alegación fue presentada debido a que los tribunales españoles sentenciaron que se trataba de un problema político que debía ser solucionado en el ámbito político. A pesar de haber aprobado el Congreso el citado proyecto, Roldán mantiene el recurso, ya que entiende que existe un trato discriminatorio Con estos militares a la hora de aplicarles la ley de amnistía de 1977. Paralelamente, Roldán ha enviado alas embajadas en España de los 15 países europeos que admiten la competencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos una amplia documentación sobre el caso.Los militares y carabineros afectados tienen una edad media superior a los 70 años. Según sus portavoces, cada año mueren varios centenares de ellos.