Un documento del MOPU reconoce que no hay recursos para terminar las viviendas públicas

La Dirección Provincial de Obras Públicas y Urbanismo de Madrid reconoce, en un documento interno relativo a los presupuestos disponibles en la provincia durante este año para la construcción de viviendas de promoción pública, que "los déficit acumulados hacen totalmente inviable, no sólo el inicio de las obras programadas para 1984, sino incluso la terminación de las obras en marcha". El déficit calculado por el organismo citado para 1984 es de 4.581 millones de pesetas, de los que 3.400 corresponden a las obras ya iniciadas y 1.200 a los fondos necesarios para cubrir el costo de las viviendas cuyo comienzo está programado para este año.

El documento en cuestión indica que las limitaciones presupuestarias vienen motivadas por la "política general de contener el déficit del sector público". Esta circunstancia ha hecho que las previsiones contenidas en el programa electoral del PSOE, que consideraban la construcción de unas 45.000 viviendas de promoción pública anuales en todo el país, se hayan reducidolas 30.000 anuales previstas en el Plan Cuatrienal 1984-1987.Aun así, hay una acusada disparidad entre las inversiones en materia de vivienda aprobadas por el Comité de Inversiones Públicas (CIP), y los presupuesto reales del Instituto de Promoción Pública de la Vivienda (IPPV). Varios proyectos de construcción de viviendas en Madrid recogidos en el CIP no disponen del correspondiente presupuesto en el IPPV.

Entre ellos se encuentran las 505 viviendas programadas para ser construidas en el Alto de San Isidro, 200 viviendas en la Ventilla, 230 en Valdeacederas y 100 en la colonia Almendrales, en Usera.

Tres alternativas

El documento en cuestión estudia las tres alternativas existentes para solventar la crisis, y califica dos de ellas como inconvenientes.La primera opción desechada es que sea el Estado, a través de sus Presupuestos Generales, el que financie el Plan Cuatrienal. La segunda alternativa considerada no viable consiste en que los gastos corran a cuenta de las propias comunidades autónomas, a través del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), lo que supondría "una reducción brutal de la inversión en vivienda, en especial en el caso de Madrid, cuyo FCI, 12.000 millones de pesetas, es sólo el 30% del total de la inversión en vivienda durante 1983".

La alternativa considerada como más racional en el estudio del MOPU es que la financiación de los programas de construcción de vivienda de promoción pública corran conjuntamente a cargo de las comunidades autónomas, a través del FCI, y del Estado, el cual tendría que aportar un presupuesto complementario.

Parece ser, sin embargo, que el Ministerio de Hacienda se resiste a la concesión de créditos extraordinarios que pudieran invalidar los esfuerzos realizados para contener el déficit del sector público.

Eduardo Mangada, consejero de Ordenación Territorial y Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, declaró el pasado martes que es partidario de que el Gobierno central asuma el compromiso de dotar con suficientes recursos económicos los servicios en materia de vivienda que vaya transfiriendo a la Comunidad de Madrid.