Un Instituto de Salud Mental planificará la asistencia psiquiátrica en Andalucía

La ley del Instituto Andaluz de Salud Mental fue aprobada ayer por el Pleno del Parlamento autonómico. El proyecto ha sufrido una modificación en su redacción inicial que, a juicio de los responsables de la consejería, no afecta al contenido esencial, mientras que la Asociación de Neuropsiquiatría opina que esos recortes ponen en entredicho la capacidad de la ley para emprender una reforma en este campo de la salud mental. Las discrepancias de los grupos políticos se centran más en la composición del consejo de administración del instituto que en las funciones del organismo.

En la primera redacción del proyecto de ley la figura jurídica era la de organismo autónomo consorciado con las diputaciones andaluzas, de las que dependen la mayoría de los centros de asistencia psiquiátrica. Esa redacción podría incurrir en inconstitucionalidad, ya que la Constitución consagra las diputaciones y de éstas es la propiedad de los centros. No obstante, a pesar de ser el presidente de la de Sevilla, Miguel Ángel Pino, quien defendió el proyecto, no todas las diputaciones tienen el mismo criterio ante la ley.La redacción aprobada reserva para el Instituto de Salud Mental la planificación de la asistencia psiquiátrica en la comunidad autónoma, mientras que la gestión la realizarán unos gerentes provinciales que serán nombrados por el consejo de administración del instituto. En la composición de ese consejo es donde se produjo la discrepancia entre los grupos políticos. Consta de 23 miembros, siete nombrados por el consejo de gobierno de la Junta de Andalucía, ocho por las diputaciones, tres por los trabajadores y profesionales (el PCA proponía 7), uno por la universidad (el Grupo Centrista proponía 5), dos por parte de los usuarios (el PCA enmendaba 5), un director gerente y uno por parte del comité de expertos que ha asesorado a la comisión redactora.

Sin embargo, para la Asociación Andaluza de Neuropsiquiatría, la modificación en la redacción del texto inicial supone un recorte de la capacidad del instituto respecto a las diputaciones. A juicio de esa asociación profesional no hay sino intención de rebajar el poder político de la consejería en favor de las instituciones provinciales. Para su presidente, Onésimo González, médico del hospital Psiquiátrico de Huelva, la ley degrada la idea primaria de un instituto como instrumento administrativo necesario para abordar los problemas de la salud mental en Andalucía, y supone un triunfo de la teoría economicista-tecnocrática de algunas tendencias socialistas.

Polémica sobre la reforma

La polémica sobre la reforma psiquiátrica en Andalucía comenzó tras el pasado verano, cuando la Asociación de Neuropsiquiatras constató la continuidad de métodos tradicionales en Córdoba, Granada y Cádiz, y la crisis de las reformas emprendidas en Sevilla, Málaga y Jaén. En aquella ocasión denunciaron situaciones manicomiales y cierto bloqueo en la política de las diputaciones socialistas. Justificaban esa situación amparándose en el cese del director del sanatorio Los Prados, de Jaén, y en la no renovación del contrato a su colega de Sevilla, Manuel González Chávez.