Jordi Pujol, dispuesto a devolver a la Administración los tributos cedidos

El presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, reiteró anteayer sus críticas al sistema de financiación de las autonomías en una conferencia que sobre este tema pronunció en el Colegio de Economistas de Cataluña. Pujol fue especialmente crítico con los tributos cedidos hasta el extremo de manifestar su intención de devolverlos a la Administración central.Según el presidente de la Generalitat, "cuanta más eficacia recaudatoria conseguimos más nos perjudicamos, porque supone que recibirnos menos ingresos de la Administración central". Precisando sobre este punto, afirmó que "desde este punto de vista a la Generalitat le beneficia el máximo fraude fiscal posible, porque así conseguimos más ingresos del Estado".

Con esta singular conclusión, el presidente de la Generalitat criticaba el sistema de financiación de las autonomías cuyos ingresos provienen de una triple fuente: recaudación de la Generalitat por los tributos cedidos, participación porcentual (0,454% según el proyecto remitido al Congreso) de los ingresos del Estado por los capítulos I y II (impuestos directos e indirectos) de los Presupuestos Generales del Estado, disminuidos por los tributos cedidos y las dotaciones del Fondo de Compensación Interterritorial. La argumentación de Pujol se apoya en que como los ingresos globales dependen de la valoración prefijada de los servicios transferidos, lo que no recauda la Generalitat vía tributos cedidos lo tiene asegurado por la participación porcentual en los ingresos del Estado.

Por el contrario, por parte de la Administración existe la intención de modificar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) en el sentido de transferir el máximo de tributos a las comunidades para eliminar la contradicción que supone que la recaudación es un problema que se carga a la Administración central mientras que su gasto compete más a los gobiernos autónomos.

El presidente afirmó que el llamado efecto financiero había significado importante ventajas para las comunidades y sobre todo para Cataluña porque era la más antigua y cifró en 39.000 millones de pesetas la cuantía de esta distorsión en favor de Cataluña durante los últimos tres años, lo que había permitido realizar importantes inversiones públicas.