La frialdad de un ministro

LA FALTA de sensibilidad del Gobierno respecto a los problemas que plantea la construcción del Estado de las autonomías, en general, y el papel de las llamadas nacionalidades históricas, en particular, ha vuelto a ponerse de relieve con motivo de la toma de posesión de Jordi Pujol como presidente de la Generalitat de Cataluña. El ministro de Administración Territorial, representante oficial del Gobierno en el acto, exhibió una desdeñosa frialdad en una sesión que no era tanto una celebración partidista de la victoria de Pujol o de Convergència i Unió como la culminación de unas elecciones democráticas, celebradas limpiamente y ganadas incontestablemente por una de las fuerzas en litigio, una coalición que merece tanto respeto dentro del juego político como el que reclaman para sí los socialistas. Esa actitud constituye, además de una incorrección, un nuevo error político.Las explicaciones dadas luego por el propio ministro para justificar su decisión de no aplaudir al nuevo presidente de la Generalitat en el momento de tomar posesión de su cargo no han hecho sino empeorar el gesto. De la Quadra se molestó, al parecer, porque el discurso pronunciado por Pujol rebasara los niveles protocolarios e incumpliera, al hacerlo, un misterioso pacto previo. ¿Hasta cuándo los profesionales del poder van a persistir en denunciar ante la opinión pública sin sonrojarse el quebrantamiento de acuerdos secretos cuya existencia los ciudadanos desconocían anteriormente, y que oscurecen, en cualquier caso, la transparencia que la vida pública debe tener en un sistema democrático? ¿No comprende el ministro de Administración Territorial que esa supuesta infracción por Jordi Pujol de un pacto vergonzante con el Gobierno se vuelve, a lo sumo, contra quienes suscribieran previamente un trato destinado a recortar la libertad de expresión de un cargo electo?

El ministro también se incomodó, hasta el extremo de cruzar ostentosamente los brazos mientras los demás ocupantes de la presidencia aplaudían la conclusión del discurso, ante el hecho de que Pujol criticase a "aquellos que tienen un concepto centralista y patrimonial de España". En su opinión, su condición de "testigo, en representación del Estado", le impedía hacer ese gesto protocolario de cortesía que es el aplauso. No parece, sin embargo, que la razón asista a la conducta y a las explicaciones de Tomás de la Quadra. Por mínimamente que se respeten las instituciones de autogobiemo y el diseño del Estado de las autonomías, un ministro no es quién para decidir sobre el tipo de discurso que debe pronunciar el presidente electo de una comunidad autónoma en su toma de posesión. ¿Pactó secretamente, en su día, Rafael Escuredo con el ministro centrista de Administración Territorial su discurso en el Parlamento andaluz? Por lo demás, es cuando menos una imprecisión afirmar que Tomás de la Quadra representaba al Estado -Estado eran todos los asistentes, incluido desde luego, el presidente de la Generalitat- y no al Gobierno. Y esta patrimonialización del propio Estado por un servidor del mismo desde un Gobierno particular que representa a un partido concreto explica bien a las claras el fondo del problema. Porque éste, en cualquier caso, no es determinar si el ministro estaba o no obligado, por cortesía o por protocolo, a aplaudir el discurso y a sacrificar su libertad para exteriorizar sus opiniones persona les o partidistas sobre las palabras pronunciadas por el presidente de la Generalitat. Cuando resulta que ni si quiera se levantó en el momento en que el presidente del Parlamento de Cataluña impuso a Pujol la medalla que encarna el cargo para el que ha sido reelegido, el ministro de Administración Territorial rompía todas sus pretendidas representaciones para convertirse en un espectador incómodo e incomodante, pero además innecesario.

El discurso de Pujol incluía críticas a esa insensibilidad centralista para las instituciones autonómicas que tan nítidamente representó Tomás de la Quadra. Lo que hay que preguntarse una vez más es si es una casualidad, una torpeza, una arrogancia, un reto o una tontería que siga precisamente como ministro de las autonomías uno de los coautores de la inconstitucional ley orgánica Armonizadora del Proceso Autonómico (LOAPA). Porque sería injusto circunscribir la crítica -nada anecdótica- que nos ocupa a la persona a la que ha correspondido el papel de aguafiestas en probable cumplimiento de instrucciones recibidas. El Gobierno cometió un error previo al designar para este acto al ministro que tiene más deteriorada su imagen en Cataluña por múltiples circunstancias anteriores, entre las que figura su papel de corredactor de la LOAPA y de atribulado defensor de su contenido una vez que el Tribunal Constitucional la despojara de sus ambiciones orgánicas y armonizadoras. Tras el incidente, resulta claro que para hacer este papel, para incrementar el enrarecimiento ambiental entre Barcelona y Madrid, mejor habría sido que Felipe González no se hubiese tomado la molestia de enviar ningún ministro a Barcelona.