Presuntas irregularidades en la tramitación de pensiones de invalidez en León
Ante el Juzgado número 3 de León ha sido presentada una denuncia por inspectores del grupo de investigación de la Seguridad Social de Madrid como consecuencia de presuntas irregularidades en la tramitación de pensiones de invalidez. En la denuncia están implicados dos abogados de León: Manuel Carro Martínez, que desempeñaba la función de letrado de la Seguridad Social, y Santiago Berjón, que supuestamente actuaba como persona interpuesta del primero ante Magistratura.
Manuel Carro es persona muy conocida en la provincia, donde, entre otros cargos, ocupaba .el de presidente de la Cruz Roja, cargo del que dimitió ante una asamblea extraordinaria convocada con urgencia poco después de que se hiciera público que se había presentado la citada denuncia.Las presuntas irregularidades se refieren al hecho de que el abogado de la Seguridad Social aceptaba, al parecer, en su bufete particular la tramitación de solicitudes de pensiones de invalidez que posteriormente defendía ante la Magistratura una persona interpuesta, el también abogado Santiago Berjón, dada la incompatibilidad del primero. De acuerdo con esta versión de los hechos, todo el proceso se completaba con la no presentación del correspondiente recurso por la Seguridad Social en caso de que el peticionario obtuviera fallo favorable. Al solicitante se le venía cobrando de honorarios la mitad de los atrasos generados por la pensión. La presentación de la denuncia ha sido confirmada, aunque el juzgado aún no se ha pronunciado. Según los datos de la investigación efectuada en unos, cuarenta pueblos de la provincia, la mayor parte de las pensiones gestionadas por este sistema afectan a la Seguridad Social agraria. Carro Martínez actuaba como letrado de la Seguridad Social desde hace algunos años y cesó en su puesto, a petición propia, en febrero.
No se saben cifras y nadie quiere comprometerse a facilitarlas hasta que la investigación no avance más, pero se señala que podrían haberse concedido pensiones por valor de unos cien millones de pesetas.
Por su parte, los denunciados han negado con rotundidad los hechos, señalando que se trata de una campaña de desprestigio personal y de una maniobra de descrédito basaba en oscuros móviles.
