El proyecto de ley sobre 'dinero negro', corregido por la banca, desencadena tensiones en Hacienda y en el PSOE

El último Consejo de Ministros aprobó, tras una larga marejada política entre altos cargos de Hacienda y expertos del PSOE, el polémico proyecto de ley sobre fiscalidad y afloramiento del llamado dinero negro, que no paga impuestos. El primer proyecto, que terminaba con los privilegios de las rentas del capital sobre las del trabajo, murió el 1 de febrero con el cese fulminante del viceministro de Hacienda, José Víctor Sevilla. El segundo, redactado por su sucesor, José Borrell, y asumido por Miguel Boyer ante el Consejo de Ministros del 30 de mayo, murió a los postres de una cena de Felipe González con tres banqueros, celebrada el pasado día 5 en la Moncloa. El tercer proyecto de ley, corregido ya por la banca y que no se parece en nada a los anteriores, ha desencadenado fuertes tensiones políticas entre altos funcionarios de Hacienda y miembros del PSOE.

Según los técnicos fiscales consultados, el proyecto de ley "sobre el régimen fiscal de determinados activos financieros", aprobado el miércoles pasado, consagra, contra lo recogido en el programa electoral del PSOE (Reforma Tributaria, apartado B), la discriminación existente hasta ahora entre las rentas procedentes del capital, que siguen ocultas y pueden evitar las retenciones, y las del trabajo, que son diáfanas y sufren la retención correspondiente en la nómina. La banca ha conseguido, al fin, un activo financiero competitivo, en precio y secreto, con los pagarés del Tesoro, que tendrán que compartir el monopolio de creación de dinero negro con los nuevos títulos bancarios, acogidos a la sibilina retención única y liberatoria del 45%, fórmula de más fácil adulteración que control.Los bancos pueden vender los títulos a sus filiales a un bajo tipo de interés, del que retienen el 45% simbólico, y, a partir de ahí, los lanzan al público sin retención y con negrura secreta garantizada por este proyecto de ley.

Los nuevos artículos 4, 5, 6 y 7 del último texto, estableciendo esa rendija liberatoria para la banca, se incorporaron al viejo proyecto -defendido por Miguel Boyer ante el Gobierno y por José Borrell ante las cámaras de Televisión- después de la cena que Felipe González, acompañado por su ministro de Economía, ofreció en el Palacio de la Moncloa a los presidentes del Banco Central, Alfonso Escámez; de Banesto, Pablo Garnica, y de la patronal bancaria, Rafael Termes. El contenido de los citados artículos responde bastante fielmente a la página 44 y siguientes del informe que Rafael Termes presentó ante la asamblea anual de la Asociación Española de Banca (AEB) el pasado 26 de marzo.

Informe de la AEB

Según el proyecto de ley anterior a la cena, las rentas del dinero negro, capital oculto al fisco a través de crecientes activos financieros al portador, tales como letras, pagarés, bonos, cédulas hipotecarias, etcétera -muy atractivos para bancos y cajas, ya que no computaban en el coeficiente de caja-, debían soportar una retención del 18% las entidades retenedoras -bancos y cajas, principalmente- estaban obligadas a blanquear ese capital mobiliario proporcionando toda la información a Hacienda, y, por el contrario, los pagarés del Tesoro quedaban exentos de retención y de información.

Miguel Boyer sorprendió al Gobierno socialista al asumir -sin atender siquiera los moderados consejos de su influyente y estrecho colaborador, Mariano Rubio, subgobernador del Banco de España- un proyecto de ley que fue considerado oficiosamente como bastante más duro y radical para las entidades de crédito que el que costó el cargo a José V. Sevilla, aunque bastante más ventajoso que aquél para los pagarés del Tesoro y, por tanto, para los beneficios del banco emisor.

Cuando los bancos tuvieron noticia del proyecto "mortal", montaron en cólera y enviaron a Rafael Termes a parlamentar con el ministro de Economía, lo que tuvo lugar durante la mañana del martes día 5,de junio. Miguel Boyer defendió el proyecto rojo, redactado por el ingeniero aeronáutico José Borrell, y dio a entender, según fuentes bancarias, que ya sólo podía cambiarlo el presidente del Gobierno.

La decisión del presidente

Ese mismo día, los presidentes de los siete grandes almorzaron lo que pudieron en el comedor del Banco Central, presididos por una extraordinaria escena de caza, original de Schneider. A los postres, Boyer había conseguido el milagro de poner de acuerdo contra él al asustado e insolidario oligopolio bancario. Los siete grandes enviaron, por segunda vez, a Rafael Termes a proseguir las negociaciones con el superministro, con el encargo especial, si se resistía, de pedir audiencia urgente a Felipe González. Miguel Boyer pasó la patata caliente al presidente del Gobierno, quien convocó a Escámez, Garnica y Termes a cenar esa misma noche en la Moncloa.

Miguel Boyer presumía tormenta y ordenó a sus colaboradores que permanecieran al pie del cañón hasta que concluyera la cena del martes, por si había que hacer algún retoque de madrugada en el proyecto de ley que debería aprobar el Consejo de Ministros decisorio del día siguiente. Al filo de la media noche -la cena duró, desde las nueve hasta las doce menos cuarto-, Miguel Boyer telefoneó a su flamante viceministro de Hacienda para comunicarle los cambios que, no él, sino el presidente del Gobierno, ordenaba hacer en el proyecto de ley. Como los cam bios afectaban a la filosofía de fondo del proyecto, no pudieron realizarse aquella madrugada.

El Consejo de Ministros del miércoles sólo pudo aprobar los nuevos criterios de un proyecto de ley que estaba aún por redactar. El proyecto de ley fue conocido, al fin, por el Gobierno el pasado miércoles día 13. A partir de ese momento, destacados militantes del partido socialista no han ocultado su malestar por la "huida hacia adelante" o nueva estrategia, repentinamente izquierdista, seguida por el ministro de Economía, Miguel Boyer, al colocar al presidente del Gobierno en lo que han considerado como "un callejón sin salida".