El Ayuntamiento de Cartagena advierte a los compradores sobre la ilegalidad de 11 urbanizaciones
Once urbanizaciones del término municipal de Cartagena son ilegales y cinco de ellas se encuentran en zonas turísticas de la costa, como en La Manga, según ha denunciado la concejala de Urbanismo, Olimpia Ruiz quien además afirma que hay un mercado negro en la concesión de cédulas de habitabilidad, y ha puesto en marcha una serie de medidas para acabar con las infracciones urbanísticas, entre las que se contemplan fuertes multas, incluso se podría llegar a la demolición de las construcciones.
El Ayuntamiento de Cartagena ha emprendido también una campaña de información a los posibles compradores que consiste en la colocación de grandes paneles a la entrada de las urbanizaciones en los que se lee: "Urbanización ilegal, infórmese antes de comprar. Excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena", o bien: "Zona no urbanizable, infórmese antes de comprar", según los casos.Las urbanizaciones ilegales que se han observado hasta el momento (Olimpia Ruiz no descarta que pueda haber más) se encuentran, casi la mitad, en la costa. Se trata de las siguientes: Las Brisas y Chapimar, en La Azohía, e Isla Plana -estas tres, junto a Mazarrón-; Rivera Sur de La Manga y Lo Herrero, junto al camping de Los Alcázares. Pero además hay otras seis urbanizaciones en el interior de las que ya se han vendido prácticamente todas las parcelas, y en la mayoría se ha edificado. Estas urbanizaciones se han planificado sin contar con ningún tipo de licencia y en muchas ocasiones en terrenos calificados como no urbanizables.
Sin embargo, hasta la fecha pocas acciones se han emprendido para acabar con esta especulación. "Los trámites burocráticos son muy largos", se queja la concejala de Urbanismo.
Centenares de afectados
Desde ahora la situación va a cambiar, según los planes previstos. "Vamos a declarar la guerra a las urbanizaciones ilegales", afirma Olimpia Ruiz. "Sin embargo, somos conscientes de que debe ser el promotor el verdadero responsable, como autor de la parcelación y la edificación ilegal", añade, "el que soporte la acción sancionadora". No se tienen datos de cuántos compradores pueden haber sido estafados en la compra de parcelas en estas urbanizaciones, pero pueden ser varios centenares.Ante esta situación, el Ayuntamiento de Cartagena tratará de legalizar aquellas obras que sea posible, "pero es que se da el caso", dice la concejala de Urbanismo, "de que hay construcciones que no tienen ni el proyecto de obras. Pero éstas son situaciones ya consolidadas. Lo que no podemos consentir desde ahora es que se sigan vendiendo parcelas que son ilegales, como se está haciendo en todas las urbanizaciones denunciadas de la costa". "Eso hay que cortarlo", precisa Olimpia Ruiz, "a los infractores se les van a poner multas cuantiosas, que podrán oscilar entre el 5% y el 20% del valor de la obra, valoración que realizará el Colegio Oficial de Arquitectos, y si es necesario se procederá por la vía judicial. Ya tenemos cas ultimados los expedientes para que se proceda a la demolición de seis construcciones y vamos a seguir en esta línea de intransigencia si promotores y compradores no acatan la ley".
'Mercado negro' de cédulas
El negocio montado en torno a estas urbanizaciones es tal que incluso "se ha creado un mercado negro con las cédulas de habitabilidad", denuncia Olimpia Ruiz, que afirma: "Mediante cantidades de dinero que oscilan entre las 20.000 y las 30.000 pesetas, ciertos señores se permiten falsear esos documentos, que deben ser expedidos exclusivamente y de forma legal por el Ministerio de Obras Públicas y sin el cual no se puede contratar la luz, el alcantarillado ni el agua". Sin embargo, el director provincial de Obras Públicas, José García León, afirma que "desde dentro del MOPU estoy totalmente convencido de que no se están tramitando cédulas de habitabilidad falsas. Los certificados que damos nosotros son auténticos, pero hay que tener en cuenta que hacer una fotocopia y falsificarla es muy fácil, y en muchos casos se aceptan los documentos fotocopiados como válidos". Pero la concejala de Urbanismo insiste en que le consta la existencia de ese mercado negro que denuncia.
