El Gobierno estrecha el cerco al secreto bancario

De los países del Benelux, son, por este orden, Luxemburgo y Bélgica los que más protegen el secreto bancario, informa Andrés Ortega desde Bruselas. En Holanda, el fisco tiene mayor capacidad de intervención. En general, el secreto bancario se regula más por la costumbre que por la ley.En Bélgica, el secreto bancario es consuetudinario, y de hecho la ley no regula este derecho, sino sus excepciones. Si un juez de instrucción lo ordena oficialmente, puede pedir información sobre las cuentas de un particular o una sociedad en un banco.

El fisco no tiene acceso a la cuenta de un contribuyente, salvo si el propio contribuyente lo requiere, en caso de que presente una reclamación sobre el nivel de tasación general sobre la renta que le hayan impuesto las autoridades fiscales.

En Holanda, el secreto bancario es también más un uso que una protección legal. Las relaciones con el fisco responden de hecho a un acuerdo de caballeros: si la Administración estatal sospecha que un cliente lleva a cabo un fraude fiscal, solicita datos del banco sobre las cuentas del cliente en cuestión. Y el banco las da.

En Luxemburgo, el Estado no mete la nariz en las cuentas bancarias de los particulares, salvo por asuntos penales (búsqueda de dinero de secuestros, chantajes o casos similares) y tras intervención de un juez. Los bancos no tienen obligación de proporcionar a la Administración datos fiscales sobre sus clientes, a pesar de que los intereses percibidos por los particulares tributan.

El caso francés

En Francia son tres las administraciones autorizadas a solicitar información, informa Feliciano Fidalgo desde París: la Dirección General de Impuestos, la Dirección de la Contabilidad Pública y la Dirección General de Aduanas y Derechos Indirectos. Existe una normativa específica para las entidades bancarias según la cual éstas, ante un agente habilitado de la Administración, deben informar sobre el contenido de sus libros, de los documentos contables y otros documentos anexos, así como de los llamados documentos de servicio. Esta última noción es muy amplia para la Administración, ya que cubre cualquier documento cuya naturaleza pueda establecer un derecho o comprobar un hecho.

En la Francia moderna, desde hace ya años, las Administraciones sucesivas han basado la lucha contra el fraude, más que en los misterios del secreto bancario, en un arsenal de medidas que afectan a la vida cotidiana de la circulación del dinero, las cuales tienden a que esta última sea lo más transparente posible.

Por lo que se refiere a Italia, el respeto al secreto bancario está reconocido en la legislación penal y civil, e incluso en la propia legislación bancaria, aunque con algunas limitaciones.

Así, la derogación del secreto bancario puede producirse en caso de que el contribuyente no haya realizado su declaración de la renta y de que la administración fiscal posea informaciones firmes de que el interesado tiene ingresos como para haberla realizado. Asimismo, se puede levantar el secreto cuando el fisco tiene constancia de que el contribuyente ha declarado muy por debajo de sus ingresos o cuándo descubre algún fallo importante en su contabilidad.

En la RFA, la administración fiscal no tiene prácticamente ninguna capacidad de investigar el movimiento de las cuentas bancarias de los ciudadanos y los bancos no están obligados a comunicar los movimientos de sus cuentas. Hacienda sólo puede entrar en este terreno, que le está normalmente vedado, cuando los tribunales están investigando un caso de supuesto delito fiscal.