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El PSOE retira el requisito del estatuto de Redacción para las ayudas a la Prensa

La existencia de un estatuto de la redacción no será condición necesaria para que las empresas periodísticas y agencias informativas reciban ayudas directas o indirectas del Estado. Este requisito había sido introducido por una enmienda socialista al proyecto de ley de ayudas a las empresas periodísticas, que fue rectificada ayer. Sin embargo, se establece que de las ayudas o subvenciones serán descontadas las deudas que las empresas hayan contraído con la Hacienda pública, la Seguridad Social o instituciones oficiales de crédito.La ponencia de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso de los Diputados, que dictaminó ayer el proyecto de ley que regula la concesión de ayudas a empresas periodísticas y empresas informativas, rectificó la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista al artículo 4 que obligaba a las empresas periodísticas a tener un estatuto de la redacción si querían recibir ayudas, tanto directas como indirectas.

La supresión de este párrafo se aprobó a propuesta de la diputada vasca Mercedes Villacián. Sin embargo, por esta misma propuesta de la diputada vasca se incluyó una disposición adicional en la que se determina que "serán consultados los trabajadores de la información en el caso de las empresas que se acojan a las ayudas por reconversión tecnológica".

Los socialistas optaron por suprimir el requisito del estatuto de la Redacción "porque esta medida no tuvo eco entre los profesionales", según explicó ayer el portavoz del PSOE y miembro de la Comisión de Educación y Cultura, Pedro Bofill. El parlamentario socialista lamentó que los profesionales de la información no hubieran defendido esta enmienda ante las críticas que habían realizado a esta iniciativa los sectores empresariales.

Críticas en el sector

El requisito que en principio quería introducir el PSOE de exigir el estatuto de la redacción había sido duramente contestado por los empresarios y editores de Prensa españoles e internacionales miembros de la Federación Internacional de Editores de Diarios (FIEJ). También el Instituto Internacional de Prensa (IPI), incluida la sección española de este organismo, denunció esta medida como contraria a la libertad de empresa informativa e incluso opuesta a la libertad de expresión.La ponencia rechazó, por otra parte, todas las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular y algunas que pretendía introducir el diputado comunista Fernando Pérez Royo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 7 de junio de 1984

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