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El Consejo de Ministros aprueba los proyectos legislativos para la represión del fraude fiscal

El Consejo de Ministros aprobó ayer y acordó remitir a las Cortes sin ninguna modificación respecto a lo anunciado en las últimas semanas los proyectos legislativos para la represión del fraude fiscal, la tributación de nuevos activos financieros y el aumento de coeficientes de inversión y la obligación de los intermediarios financieros de facilitar información.

El Gobierno autorizó además la reprivatización de ocho empresas del Grupo Rumasa, inversiones extranjeras en España por cerca de 22.000 millones de pesetas y beneficios fiscales para empresas que pueden generar medio millar de puestos de trabajo en Sagunto (Valencia). También fue aprobado un extenso paquete de medidas agrícolas.De los proyectos de ley fiscales y monetarios, Sotillos anunció que el de represión del fraude fiscal, ha sido definitivamente desdoblado en dos, con el fin de tramitar como ley orgánica el reforzamiento del delito fiscal mediante la modificación del Código Penal. No quiso avanzar más detalles, salvo confirmar que los textos han sido aprobados sin modificaciones de contenido y que serán perseguidas como delito las inflaciones que superen los cinco millones de pesetas, frente al mínimo actual de dos.

A la pregunta de si el Gobierno ha valorado eventuales consecuencias de la anunciada limitación del secreto bancario, el portavoz contestó que "está absolutamente convencido de que no se dan condiciones para la evasión de capitales, sino todo lo contrario".

Agregó, como novedad, que serán engrosadas las plantillas de inspección y aduanas.

Igualmente, junto al proyecto de ley sobre coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información por parte de los intermediarios financieros, ha sido aprobado el decreto ley que consolida el pacto vigente y eleva del 10% al 12%. de los recursos ajenos en bancos y cajas de ahorro la cantidad que deberá dedicarse a suscribir títulos de deuda pública del Tesoro o del Estado.

Sanciones a industrias

También aprobó el Gobierno varias sanciones por fraude en industrias alimentarias, la regulación del mercado de carne de vacuno, créditos por 2.000 millones de pesetas para el cultivo del algodón, la regulación de las plantaciones de viñedo, la reestructuración del Servicio Nacional de Productos Agrarios, y la reglamentación de la pesca de coral.

Por lo que respecta al proyecto de informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la economía española el portavoz del Gabinete, Eduardo Sotillos, manifestó que no contiene ninguna sorpresa para el Gobierno y que es globalmente favorable a su política. Sobre las advertencias del Fondo Monetario Internacional en torno al déficit público y la situación de los proyectos estudiados por el Gobierno desde hace algunos meses para reducirlo, el portavoz insistió en que dichas advertencias estaban ya "asumidas". Informó que el Consejo de Ministros no ha tomado ninguna medida al respecto.

En este sentido, el secretario de Estado de Hacienda, José Borrell, manifestó en el Congreso que "el Gobierno no necesita que el Fondo Monetario Internacional (FMI) venga a leerle la cartilla". "El Fondo Monetario Internacional juzga de forma muy positiva los logros alcanzados por la política económica del Gobierno socialista en este su primer año de actuación", dijo Borrell "y no deja de repetir lo que el propio Gobierno dice; a saber: que la situación del déficit es un grave problema para este país y que, si no se consigue controlar el déficit público, los logros alcanzados en política económica se verán puestos en cuestión y se pueden perder".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 7 de junio de 1984

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